La defensa del exmandatario venezolano solicita usar fondos estatales para costear el proceso; Maduro se define como “prisionero de guerra” ante tribunal federal
NUEVA YORK, EE. UU. | Jueves 26 de marzo de 2026. – Bajo estrictas medidas de seguridad, este jueves dio inicio en un tribunal federal de Manhattan la segunda audiencia del proceso judicial contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan graves cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas presentados por la justicia estadounidense tras su captura en Caracas a principios de este año.
La sesión, presidida por el juez Alvin Hellerstein, se centró en la disputa sobre el financiamiento de la defensa legal de la pareja. El abogado Barry Pollack argumentó ante el magistrado que sus clientes no cuentan con recursos propios y que “tienen todo el derecho” de utilizar fondos del Gobierno de Venezuela para sufragar los honorarios. La defensa denunció que el Departamento del Tesoro revocó las licencias que permitían el uso de dichos activos, calificando la medida como un obstáculo para una representación justa.
Cargos y condiciones de detención
Nicolás Maduro, de 63 años, llegó a la corte en un convoy blindado proveniente del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece recluido desde enero. El exgobernante enfrenta cuatro cargos principales:
- Tres por conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína.
- Uno por posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
Por su parte, Cilia Flores, de 69 años, está acusada de conspiración para importar sustancias controladas y tenencia ilícita de armas. En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y denunció ser un “prisionero de guerra” secuestrado por fuerzas especiales estadounidenses.
Tensión en las calles
Mientras se desarrollaba la vista judicial, los alrededores del tribunal fueron escenario de enfrentamientos entre grupos de manifestantes. Simpatizantes del chavismo denunciaron la “ilegalidad” del arresto, mientras que exiliados venezolanos exigieron justicia y condenas máximas para la pareja. La Policía de Nueva York tuvo que intervenir con vallas metálicas para separar a ambos bandos y evitar incidentes mayores.
Expertos legales estiman que el juicio formal podría tardar entre uno y dos años en comenzar, dada la complejidad de las pruebas y las mociones presentadas por la defensa.
