La ONDA y la OMPI concluyeron un encuentro regional en Santo Domingo centrado en el uso de obras protegidas para entrenar sistemas de inteligencia artificial, el pago de regalías y la protección de los creadores.
Santo Domingo, RD. – El uso de canciones, libros, fotografías y otras obras protegidas por derechos de autor para desarrollar sistemas de inteligencia artificial se convirtió en uno de los principales temas de discusión durante un encuentro internacional celebrado en República Dominicana, con representantes de 17 países de América Latina y el Caribe.
La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) concluyeron el Curso Avanzado sobre la Gestión de la Transformación del Derecho de Autor en América Latina, desarrollado del 10 al 12 de noviembre en el Hotel Catalonia de Santo Domingo.
Durante las jornadas, especialistas y autoridades examinaron los desafíos que enfrentan los creadores ante la expansión de las plataformas digitales y las herramientas de inteligencia artificial, especialmente en lo relacionado con la autorización para utilizar sus contenidos y la compensación económica correspondiente.
¿Quién debe autorizar el uso de obras para entrenar inteligencia artificial?
Uno de los principales debates estuvo relacionado con el empleo de materiales protegidos durante el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
Estas tecnologías pueden procesar grandes cantidades de información, incluyendo textos, imágenes, composiciones musicales y producciones audiovisuales, lo que plantea interrogantes sobre los derechos de sus autores y las condiciones legales bajo las cuales pueden utilizarse.
El especialista surcoreano Park Hyungmin propuso analizar el funcionamiento de estos sistemas en tres etapas: entrenamiento, generación de contenidos y distribución.
Este enfoque permitiría examinar las responsabilidades jurídicas que pueden surgir en cada fase, en lugar de tratar todas las actividades relacionadas con la inteligencia artificial como un único proceso.
Durante las discusiones, los participantes identificaron tres principios fundamentales para proteger a los creadores: autorización, transparencia sobre la utilización de las obras y remuneración justa.
Sin embargo, estos planteamientos constituyen criterios debatidos durante el encuentro y no representan nuevas disposiciones legales aprobadas para todos los países participantes.
Artistas y productores enfrentan desafíos para cobrar sus regalías
El impacto económico de las plataformas digitales también ocupó un espacio importante en el programa.
Los especialistas analizaron cómo se distribuyen los ingresos generados por las obras musicales en servicios de streaming y cuáles son las dificultades que pueden enfrentar compositores, intérpretes y productores para recibir las regalías correspondientes.
En este debate participaron representantes del sector musical, entre ellos Porfirio «Popi» Piña y Mayra Tejada, quienes abordaron aspectos relacionados con los modelos de negocio y la distribución de derechos.
Las conversaciones también incluyeron la explotación internacional de contenidos audiovisuales, una actividad que puede involucrar diferentes legislaciones y mecanismos de pago.
Los expertos destacaron la necesidad de fortalecer los sistemas de gestión colectiva, mediante los cuales organizaciones especializadas administran determinados derechos y recaudan remuneraciones en representación de sus titulares.
Proponen modernizar las instituciones de derecho de autor
El director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, consideró que los avances tecnológicos obligan a las autoridades de propiedad intelectual a actualizar sus capacidades de supervisión y respuesta.
Entre los asuntos examinados estuvieron los mecanismos de negociación de licencias con empresas tecnológicas, la fiscalización de tarifas y los procedimientos para resolver controversias relacionadas con contenidos digitales.
Gonell Cosme destacó que las sociedades de gestión colectiva desempeñan un papel importante en la protección de los ingresos de los creadores, especialmente cuando sus producciones son utilizadas en distintos mercados.
También valoró las experiencias compartidas por especialistas de Corea del Sur, España y países latinoamericanos, que permitieron comparar diferentes enfoques regulatorios.
El funcionario sostuvo que la región necesita desarrollar herramientas institucionales que le permitan participar activamente en la economía digital y proteger su patrimonio creativo.
Resolución de conflictos y cooperación internacional
La última jornada del encuentro estuvo dedicada a los procedimientos para resolver disputas relacionadas con el uso de obras protegidas.
Los participantes examinaron mecanismos alternativos, como la mediación y el arbitraje, que pueden facilitar la solución de conflictos entre titulares de derechos, plataformas digitales y otras entidades.
También se discutió la necesidad de mejorar la cooperación entre países, debido a que los contenidos digitales pueden difundirse y comercializarse simultáneamente en diferentes territorios.
En las sesiones participaron especialistas y autoridades de organismos de propiedad intelectual de España, Chile, México, El Salvador y Venezuela, entre otros países.
La colaboración regional fue identificada como un elemento importante para enfrentar problemas que trascienden las fronteras nacionales.
RD participa en discusión sobre el futuro de las industrias creativas
La realización del encuentro en Santo Domingo permitió reunir distintas experiencias sobre las transformaciones que experimentan las industrias culturales y creativas.
Para República Dominicana, estas discusiones tienen especial relevancia en sectores como la música, la producción audiovisual, las artes visuales y la creación de contenidos digitales, donde los derechos de explotación y remuneración constituyen componentes importantes de la actividad económica.
El encuentro concluyó con planteamientos dirigidos a fortalecer la protección de las obras, mejorar los mecanismos de pago a sus titulares y desarrollar capacidades para supervisar el uso de tecnologías emergentes.
Aunque no se anunciaron reformas legislativas concretas, las conclusiones servirán como referencia para continuar el diálogo sobre la adaptación del derecho de autor a un entorno tecnológico en constante transformación.
