Santo Domingo, RD – 7 de julio de 2025 – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a través de su director ejecutivo Milton Morrison, presentó una querella penal con constitución en actor civil ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la empresa Dekolor, S.R.L., sus principales ejecutivos y otros posibles implicados, por su presunta participación en una estructura de corrupción destinada a prolongar irregularmente un contrato estatal vinculado a la emisión de licencias de conducir.
La acción legal, interpuesta el pasado 4 de julio, acusa a Rogelio Oruña y Sandra Oruña, presidente y gerente general de Dekolor, respectivamente, de intentar sobornar con hasta un millón de dólares y pagos mensuales de tres millones de pesos a funcionarios del INTRANT, con el fin de obtener una prórroga de un contrato vencido sin agotar los mecanismos legales ni cumplir con los principios de transparencia en las contrataciones públicas.
Según la querella, las prácticas denunciadas incluyen amenazas personales, chantaje y lavado de activos, configurando delitos previstos en las leyes dominicanas sobre corrupción, crímenes electrónicos y lavado de dinero. El contrato en cuestión, suscrito en enero de 2020, había sido modificado en tres ocasiones sin aprobación formal del Consejo del INTRANT, y otorgaba a la empresa el control operativo y tecnológico de 21 centros de licencias en todo el país.
El documento depositado ante el Ministerio Público está respaldado por informes técnicos de la Contraloría General de la República, evidencias documentales y declaraciones de testigos, y califica la operación como una “estructura criminal” diseñada para manipular decisiones administrativas y apropiarse de fondos públicos.
La querella también plantea que podrían estar involucradas otras personas que deberán ser identificadas durante la investigación. Para expertos en derecho administrativo, este caso marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción, al tratarse de una acción penal emprendida directamente por un funcionario en ejercicio, sin esperar una actuación de oficio del Ministerio Público.
El proceso queda ahora en manos de la PEPCA, que deberá decidir si abre formalmente la investigación penal y solicita medidas de coerción contra los imputados. El INTRANT reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y subrayó su compromiso con la legalidad y la defensa del interés público.
