Santo Domingo, 01 de abril de 2025– La Junta Central Electoral (JCE) ha sometido al Congreso un proyecto de ley que establece los requisitos para la participación de candidaturas independientes en los procesos electorales, en respuesta a una polémica sentencia emitida por el Tribunal Constitucional a finales del 2024. La iniciativa plantea una serie de condiciones que los aspirantes sin afiliación partidaria deberán cumplir si desean postularse a cargos públicos, especialmente de cara a las elecciones presidenciales del año 2028.
Entre los requisitos propuestos se destaca que un candidato presidencial independiente deberá presentar el respaldo de al menos el 2 % del padrón electoral nacional. Tomando como referencia el listado de votantes de 2024, que fue de 8,145,548 personas, esto implicaría reunir más de 162,000 firmas. No obstante, la exigencia no se limita a una cifra nacional: el mismo artículo señala que también será necesario reunir ese 2 % en cada provincia, lo que complica aún más el proceso para quienes aspiren fuera de las estructuras partidarias.
Las condiciones aplican de forma similar para otros niveles electorales. Para postularse como senador, diputado, alcalde o regidor, los aspirantes deberán recolectar el 2 % del padrón correspondiente a su demarcación específica: provincia, circunscripción o municipio, según el caso.
La JCE contempla un método digital para la recolección de estas firmas. Según el artículo 21 del proyecto, se habilitará una aplicación móvil oficial con la que los aspirantes podrán registrar el respaldo ciudadano. Pero no bastará con recolectar firmas: éstas deberán cumplir con criterios estrictos, como asegurar que los firmantes no pertenezcan a ningún partido político y que no hayan respaldado más de una candidatura independiente.
Adicionalmente, los candidatos deberán rendir cuentas sobre los ingresos y gastos utilizados en el proceso de captación de firmas, mediante reportes periódicos, lo que añade una capa de transparencia al proceso, aunque también aumenta la carga administrativa.
Este proyecto de ley, que ya está en manos de la Cámara de Diputados para su evaluación en comisión, podría redefinir las reglas del juego electoral. Por un lado, abre la posibilidad para que ciudadanos puedan postularse sin depender de los partidos tradicionales, pero por otro impone un marco riguroso que podría limitar la viabilidad de esas candidaturas en la práctica. El debate ahora se traslada al Congreso, donde se determinará si estas exigencias representan un filtro necesario para preservar la institucionalidad electoral o una barrera excesiva que obstaculiza la participación democrática.
