La Red Nacional de Jueces califica de “política” la respuesta oficial y mantiene la protesta; el Poder Judicial asegura que los tribunales operarán con normalidad y el Colegio de Abogados respalda la jornada
El sistema de justicia dominicano amaneció hoy en un escenario de alta tensión institucional, luego de que la Red Nacional de Jueces y servidores judiciales ratificaran el llamado a un paro nacional de labores a partir de las 9:00 a.m. de este jueves, desafiando las directrices del Consejo del Poder Judicial (CPJ), órgano que aseguró que los tribunales operarán con total normalidad a nivel nacional.
El conflicto salarial y presupuestario se agudizó tras las declaraciones de la magistrada Yokauris Morales, presidenta de la Red Nacional de Jueces de la República Dominicana, quien rechazó categóricamente los recientes anuncios del CPJ. Morales calificó de “comunicado político” el pronunciamiento del organismo rector donde se informaba que el Ministerio de Hacienda y Economía habilitaría partidas presupuestarias para atender las demandas del sector.
La líder gremial consideró una muestra de “irrespeto” que las autoridades del Poder Judicial pretendan delegar la solución en un tercero y criticó que la judicatura se enterara de la propuesta a través de los medios de comunicación antes que por las vías institucionales. “Lo que estamos pidiendo es dignidad para nuestros servidores judiciales y dignidad para la justicia dominicana”, sentenció Morales al confirmar que la huelga se mantiene invariable.
Las demandas del sector judicial
El pliego de reivindicaciones enarbolado por los jueces, juezas y empleados administrativos del sistema incluye puntos neurálgicos para la estructura del sector:
- Incremento salarial equitativo para magistrados y servidores judiciales.
- Ejecución inmediata de los ascensos que se encuentran paralizados.
- Establecimiento de un sistema de movilidad y promociones basado estrictamente en méritos.
- Rechazo al actual manual de evaluación del desempeño técnico.
- Fortalecimiento integral de los recursos humanos y mejoras sustanciales en las condiciones físicas de trabajo.
Contramedidas oficiales y llamados al diálogo
En contraposición, el presidente del Poder Judicial, Henry Molina, informó que se han adoptado todas las previsiones administrativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios en las distintas jurisdicciones del país. La institución enfatizó que sus plataformas digitales, incluyendo el portal justicia.gob.do, permanecerán activas las 24 horas y que los servicios presenciales se ofrecerán conforme a la programación ordinaria. El CPJ recordó que, si bien la manifestación pacífica es un derecho fundamental, preservar el acceso a la justicia es un compromiso constitucional ineludible.
Por su parte, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por Trajano Potentini, manifestó su respaldo absoluto a las demandas del magisterio judicial, advirtiendo que la crisis estructural del sistema no puede seguir abordándose únicamente con discursos. Potentini convocó a la comunidad jurídica a concentrarse hoy frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia en señal de apoyo.
La situación ha generado reacciones de diversos sectores de la sociedad civil. El coordinador de la organización Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez, exhortó a la cúpula judicial a abrir de inmediato un canal de concertación y realizar una revisión profunda del sistema. Asimismo, el exmagistrado y actual consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, abogó públicamente por un diálogo urgente entre las partes para solucionar el impase, aunque aclaró que se abstenía de emitir juicios de valor directos para evitar que sus opiniones fuesen interpretadas como una postura oficial de la Presidencia de la República.
