Elaborado por: Nicole Paola Rodríguez
Cada cierto tiempo, la discusión sobre la reforma al Código de Trabajo vuelve a ocupar titulares. Sin embargo, hay un tema que, por sí solo, ha sido suficiente para impedir que se alcance un consenso: la cesantía.
Lo llamativo es que este debate no comenzó ayer. Desde 2021, el Gobierno, el sector empresarial, las organizaciones sindicales y otros actores sociales han participado en mesas de diálogo en el marco del Consejo Económico y Social (CES) para consensuar una reforma laboral. Han transcurrido cerca de cinco años de discusiones y el país continúa sin una decisión definitiva sobre uno de los temas más sensibles del mercado laboral dominicano. Mientras tanto, el calendario legislativo sigue avanzando y el próximo 16 de agosto iniciará una nueva legislatura con la posibilidad de que la reforma vuelva a quedar pendiente.
Este escenario obliga a reflexionar. No solo sobre la cesantía, sino sobre la manera en que estamos abordando el debate.
Con frecuencia la discusión se reduce a dos posiciones aparentemente irreconciliables: quienes sostienen que la cesantía constituye un derecho adquirido que no debe modificarse bajo ninguna circunstancia y quienes entienden que representa un obstáculo para la generación de empleos formales y la competitividad empresarial. Pero quizás ambas posturas dejan fuera la pregunta más importante: ¿el modelo actual sigue respondiendo a la realidad económica y social de la República Dominicana?
Para responder esa interrogante es necesario mirar hacia atrás.
La cesantía no nació por casualidad. Su origen se remonta a 1944, cuando mediante la Ley No. 637 se introdujo el auxilio de cesantía, posteriormente incorporado al Código de Trabajo en 1951. En aquella época el país no contaba con un sistema moderno de seguridad social, no existían administradoras de fondos de pensiones, tampoco un seguro de desempleo ni programas estructurados de protección para quienes perdían su trabajo. En ese contexto, la cesantía representó una herramienta indispensable para brindar estabilidad económica al trabajador despedido.
Ochenta años después, el panorama es muy distinto.
Hoy República Dominicana cuenta con un Sistema Dominicano de Seguridad Social, Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Seguro Familiar de Salud, Tesorería de la Seguridad Social, INFOTEP y un mercado laboral mucho más dinámico que el existente a mediados del siglo pasado. Las personas cambian de empleo con mayor frecuencia, la economía se ha transformado y las empresas operan en un entorno cada vez más competitivo.
Precisamente por eso considero legítimo preguntarnos si un mecanismo diseñado para las necesidades de 1944 continúa siendo el instrumento más eficiente para proteger al trabajador en 2026.
Desde la perspectiva empresarial, contratar un colaborador implica mucho más que pagar un salario. También supone asumir aportes a la Seguridad Social, regalía pascual, vacaciones, licencias, riesgos laborales y otras obligaciones derivadas de la relación de trabajo. A ello se suma la acumulación de prestaciones laborales conforme aumenta la antigüedad del empleado, generando un pasivo que forma parte de la planificación financiera de cualquier organización.
Cuando el costo total de contratar aumenta, los efectos suelen reflejarse en la economía. Algunas empresas reducen contrataciones, otras postergan inversiones, muchas pequeñas empresas optan por la informalidad y otras sustituyen determinadas funciones por tecnología. Incluso, esos costos pueden limitar la capacidad de ofrecer mejores salarios, porque el salario representa solo una parte del costo laboral total.
Existe además otro aspecto del que se habla poco.
Muchos trabajadores permanecen durante años en empleos donde ya no encuentran oportunidades de crecimiento, no porque sea la mejor decisión profesional, sino porque cambiar de empresa implica perder la cesantía acumulada. En economía laboral este fenómeno es conocido como job lock: una situación donde las personas permanecen vinculadas a un empleo por razones económicas y no por desarrollo profesional. Esto tampoco beneficia a las empresas, que pueden retener colaboradores desmotivados, ni al propio trabajador, cuya movilidad laboral disminuye.
Ahora bien, reconocer estas realidades no significa que la solución sea eliminar la cesantía.
Tampoco considero suficiente responder que “la cesantía no se toca”. Ambos extremos simplifican un problema mucho más complejo. La verdadera discusión debería centrarse en cómo ofrecer una protección más eficiente, moderna y sostenible al trabajador.
Al observar otros países encontramos modelos distintos. Estados Unidos complementa la flexibilidad laboral con seguros públicos de desempleo y acuerdos de compensación. España combina indemnizaciones por despido con un sólido sistema de prestaciones por desempleo financiado por la Seguridad Social. Aunque cada país responde a una realidad diferente, todos comparten un elemento: la protección del trabajador no depende exclusivamente de un pasivo creciente asumido por el empleador.
República Dominicana tiene la oportunidad de analizar alternativas que permitan modernizar su esquema de protección laboral sin renunciar a los derechos fundamentales de los trabajadores. Un seguro de desempleo, fondos individuales portables durante toda la vida laboral, programas efectivos de reinserción y capacitación, así como mecanismos de indemnización financieramente sostenibles, podrían formar parte de una discusión más amplia y menos polarizada.
Este no debería ser un debate entre empresarios y trabajadores. Ambos son indispensables para el desarrollo económico del país. Los trabajadores necesitan estabilidad y protección. Las empresas necesitan condiciones que les permitan crecer, invertir y generar más empleos formales.
Mi posición no es eliminar la cesantía ni conservarla exactamente como está. Mi posición es que debemos tener la capacidad de evaluar, con datos y sin prejuicios, si el modelo vigente continúa siendo el más adecuado para los desafíos del siglo XXI.
Después de casi cinco años de discusión, quizás el país necesita dejar de preguntarse si la cesantía se toca o no se toca, y comenzar a debatir una cuestión mucho más trascendental: ¿qué sistema permitirá que más dominicanos tengan empleos formales, mejores salarios y una protección efectiva cuando enfrenten el desempleo?
Esa, a mi juicio, es la conversación que verdaderamente necesita la República Dominicana.
