El Gobierno de Donald Trump prepara operativos para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), mientras crecen las preocupaciones por el impacto humanitario y económico de la medida.
Miami.– Más de 350,000 ciudadanos haitianos perdieron este lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, una decisión que abre la puerta a un amplio proceso de deportaciones impulsado por la administración del presidente Donald Trump y que, según reportes de medios estadounidenses y legisladores, podría comenzar con operativos en el estado de Ohio.

La protección migratoria expiró luego de que un tribunal federal de apelaciones permitiera que este lunes concluyera el beneficio, tras una decisión de la Corte Suprema emitida el pasado 25 de junio que autorizó al Gobierno a revocar el programa.
El TPS había sido concedido a ciudadanos haitianos tras el devastador terremoto ocurrido en Haití en 2010, permitiéndoles permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras persistieran las condiciones extraordinarias que impedían su retorno seguro.
De acuerdo con reportes citados por legisladores estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara un operativo de deportación que iniciaría en Ohio, estado donde residen alrededor de 14,000 haitianos beneficiarios del TPS.
El congresista republicano Michael Rulli respaldó públicamente la medida y afirmó que las autoridades comenzarán a expulsar a los inmigrantes haitianos establecidos en ese estado.
“Lo que va a pasar en Ohio es que van a empezar a sacar a los haitianos fuera de Ohio”, declaró el legislador durante una entrevista con Fox News.
Aunque los primeros operativos estarían concentrados en Ohio, la mayor preocupación se mantiene en Florida, donde vive aproximadamente 158,000 haitianos, casi la mitad de toda la población afectada por la eliminación del programa, según datos de la organización FWD.us.
La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz denunció que el Departamento de Seguridad Nacional tendría previsto detener a cerca de 2,000 haitianos por día para ejecutar las deportaciones.
“Va a ser un esfuerzo enorme deportar a los 350,000. Y sé que separar a los haitianos de sus empleos y de sus hijos ciudadanos va a ser la prioridad de la Administración. Esa es una situación inaceptable y es algo que no deberíamos aceptar”, expresó la legisladora.
Organizaciones defensoras de inmigrantes también advirtieron sobre el impacto económico que tendría la salida masiva de trabajadores haitianos.
Según FWD.us, cerca de 200,000 haitianos laboran en sectores esenciales como hospitales, hogares de cuidado para adultos mayores, restaurantes y hoteles, aportando aproximadamente 5,900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense. Solo en el área de Miami, su contribución económica se estima en 1,500 millones de dólares al año.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente como para justificar el fin del TPS, argumentando que las circunstancias que motivaron su creación en 2010 ya no persisten.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y activistas rechazan esa postura y aseguran que Haití continúa atravesando una profunda crisis de seguridad, institucional y humanitaria.
Recuerdan que el país permanece sin un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021 y que solo durante 2025 se registraron cerca de 6,000 homicidios, además del control de amplias zonas por parte de grupos armados.
Otro de los aspectos que preocupa a las organizaciones civiles es el impacto familiar de las deportaciones.
Datos de FWD.us indican que alrededor de 50,000 niños con ciudadanía estadounidense podrían quedar separados de al menos uno de sus padres si se ejecuta el plan de deportaciones masivas.
La eliminación del TPS para los haitianos representa uno de los cambios más significativos en la política migratoria estadounidense y ha generado preocupación entre organizaciones comunitarias, líderes políticos y defensores de los derechos de los inmigrantes.




