La ministra Faride Raful encabezó la jornada de eliminación de productos decomisados por venta ilegal en establecimientos no autorizados
YAMASÁ, MONTE PLATA. – El Ministerio de Interior y Policía, a través de su Dirección de Control de Productos Pirotécnicos, procedió este miércoles a la eliminación formal de 10,191 tiros de fuegos artificiales. Los artículos fueron incautados durante operativos realizados en diciembre pasado en cumplimiento de la Ley 340-09, tras detectarse su comercialización ilícita en colmados, barberías y otros establecimientos no autorizados.
La actividad, realizada en el campo de entrenamiento del Ejército de la República Dominicana en Sierra Prieta, fue encabezada por la ministra Faride Raful, quien subrayó las graves consecuencias físicas y materiales que genera el uso de pirotecnia sin regulación. “El costo real de la pirotecnia ilegal es un niño con quemaduras de tercer grado, la pérdida de la visión o un incendio que consume un hogar”, enfatizó la funcionaria.
Rigurosidad en el cumplimiento de la ley
Raful recordó que, según el marco legal vigente, ninguna autoridad municipal o provincial tiene la facultad de autorizar el uso o venta de estos productos fuera de los protocolos establecidos. Advirtió, además, que el Ministerio continuará con las labores de inspección e incautación para evitar que artículos peligrosos lleguen al mercado minorista.
“Las celebraciones que el país merece son las que no terminan en una sala de emergencias”, manifestó la ministra, reafirmando el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana y la prevención de accidentes evitables.
Coordinación interinstitucional
En la jornada participaron altos mandos militares y de seguridad, entre ellos el coronel Joel Marte Rodríguez, en representación del Ministerio de Defensa; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); Allende Guerra, director de Control de Productos Pirotécnicos; y el viceministro de Seguridad, Edwin Féliz Brito.
Las autoridades destacaron la importancia de articular esfuerzos con los ayuntamientos y el Ministerio de Medio Ambiente para fortalecer la cultura de legalidad. El objetivo institucional es reducir progresivamente la cantidad de incautaciones anuales mediante una mayor concienciación sobre los riesgos que implica la manipulación de pólvora y productos derivados de manera clandestina.
