La Pepca pidió al tribunal rechazar la solicitud de extinción de la acción penal al sostener que los retrasos del caso obedecen a recursos e incidentes promovidos por la defensa del exprocurador.
Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, al considerar que la duración del proceso ha estado marcada por actuaciones procesales impulsadas por el propio imputado y sus abogados.
La solicitud fue planteada durante una audiencia en la que el órgano acusador argumentó que los aplazamientos registrados a lo largo del expediente no son atribuibles a la Fiscalía, sino a una serie de recursos e incidentes promovidos por la defensa desde la etapa de investigación.
Durante su intervención, el fiscal Manuel Ramírez expuso ante el tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar, que el proceso ha enfrentado múltiples dilaciones provocadas por acciones legales que, según afirmó, tenían como propósito retrasar el conocimiento del caso.
Entre esos incidentes, el representante del Ministerio Público mencionó cinco recusaciones interpuestas contra integrantes del equipo investigador durante la fase preliminar, las cuales fueron rechazadas por las autoridades competentes, aunque ocasionaron la suspensión temporal de las investigaciones.
De acuerdo con la acusación, las recusaciones fueron presentadas entre 2021 y 2022 e incluyeron a fiscales que no participaban directamente en el caso, así como a la entonces directora de Persecución y actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y al procurador adjunto Rodolfo Espiñeira.
Alegan estrategia dilatoria
El Ministerio Público sostuvo que las recusaciones formaron parte de una estrategia para prolongar el proceso judicial, argumento que respaldó con otros incidentes procesales atribuidos a la defensa.
Entre ellos citó solicitudes de plazos de hasta un año para revisar las pruebas, pese a que la defensa disponía de acceso digital a la documentación del expediente; requerimientos para que el Estado imprimiera más de 150,000 páginas de evidencias; recursos de oposición, apelación y casación que posteriormente fueron declarados inadmisibles, así como interrupciones durante la lectura de la acusación en las audiencias.
Asimismo, señaló que la representación legal del exprocurador y la de sus empresas fueron divididas para presentar incidentes por separado, lo que, a juicio del órgano acusador, incrementó el tiempo de duración del proceso.
Resaltan complejidad del expediente
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) recordó que el expediente figura entre los procesos de mayor complejidad conocidos por la justicia dominicana.
Según explicó, la acusación está compuesta por 12,274 páginas, involucra 62 acusados y reúne 441 testimonios, 77 peritajes, 2,876 pruebas documentales, 168 pruebas materiales y 33 líneas de investigación.
Por su parte, la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, sostuvo que el análisis de los plazos procesales debe realizarse tomando en cuenta la complejidad del caso y la conducta procesal de las partes.
La procuradora reiteró la solicitud del Ministerio Público para que el tribunal rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador, al considerar que no existen fundamentos legales para poner fin al proceso por la duración del juicio.
