La medida amplía los factores que pueden evaluar las autoridades migratorias para determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública en Estados Unidos.
Los Ángeles, Estados Unidos.- Una nueva directriz de la Administración del presidente Donald Trump entró en vigor este viernes 18 de septiembre y endurece los criterios utilizados para evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente en Estados Unidos.
La medida permite a los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) considerar una mayor cantidad de factores para determinar si una persona podría convertirse en una “carga pública”, condición que puede ser utilizada como causa de inadmisibilidad y derivar en la negativa de una visa, entrada al país o residencia permanente.
De acuerdo con las nuevas disposiciones, la evaluación podrá tomar en cuenta determinados beneficios públicos recibidos por el solicitante, entre ellos asistencia gubernamental en efectivo, vivienda subsidiada, ayudas para estudios, alimentos y ciertos servicios de salud financiados por el Gobierno estadounidense.
También podrán ser considerados beneficios utilizados por familiares, como hijos, padres o cónyuges, cuando el solicitante sea responsable económicamente de ellos y la elegibilidad para recibir la asistencia esté relacionada con sus ingresos.
¿Quiénes podrían verse afectados?
La normativa alcanza principalmente a personas que solicitan la residencia permanente mediante peticiones familiares, incluyendo cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, así como determinadas solicitudes basadas en empleo.
En cambio, la disposición no aplica a quienes buscan la residencia mediante categorías protegidas como asilo, refugio, visas U y T, la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) o el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS).
Entre los elementos que podrán ser examinados por las autoridades figuran la edad del solicitante, tamaño de su hogar, condiciones de salud, situación económica e historial crediticio.
La existencia de un patrocinador financiero tampoco garantizará por sí sola que el solicitante supere la evaluación de carga pública, debido a que USCIS podrá analizar el conjunto de circunstancias de cada caso.
Solicitudes presentadas desde el 18 de septiembre
La nueva directriz comenzó a aplicarse este 18 de septiembre de 2026 a las solicitudes correspondientes a las categorías alcanzadas por la medida.
Las solicitudes pendientes que hayan sido presentadas o enviadas por correo con fecha igual o anterior al 17 de septiembre continuarán siendo evaluadas conforme a las disposiciones vigentes desde 2022.
Aunque las directrices de USCIS están dirigidas a los procesos gestionados dentro de Estados Unidos y no directamente a las solicitudes tramitadas mediante procesos consulares en el extranjero, existe expectativa de que los consulados adopten criterios similares.
Recomiendan documentar solvencia económica
Ante los cambios, especialistas en inmigración recomiendan que los solicitantes presenten documentación que permita demostrar su capacidad económica, incluyendo evidencia de empleo e ingresos, seguro médico privado, ahorros, inversiones o propiedades.
La nueva política también enfrenta cuestionamientos judiciales. Varias ciudades y condados, encabezados por Nueva York, han presentado acciones legales para intentar bloquear su implementación, por lo que el alcance definitivo de la medida podría depender de las decisiones que adopten los tribunales estadounidenses.
