Un informe de una misión investigadora de Naciones Unidas atribuye posibles violaciones graves del derecho internacional a las fuerzas estadounidenses por ataques contra zonas civiles y documenta asesinatos, torturas, detenciones y otras prácticas atribuidas a las autoridades iraníes durante la represión de las protestas.
Ginebra.– La Misión de Investigación de las Naciones Unidas para Irán aseguró que existen “motivos razonables” para considerar que Estados Unidos cometió crímenes de guerra durante dos ataques ejecutados en territorio iraní, mientras atribuyó al régimen de Irán posibles crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de las protestas registradas antes del actual conflicto.
Las conclusiones forman parte de un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que los investigadores analizan tanto las actuaciones de las fuerzas estadounidenses durante el conflicto como las violaciones de derechos humanos atribuidas a las autoridades iraníes.
El documento concentra sus señalamientos contra Estados Unidos en dos bombardeos realizados el 28 de febrero, durante el primer día de la ofensiva, contra una escuela en Minab y una zona residencial de Lamerd, ambas localidades situadas en el sur de Irán.
Ataque contra escuela dejó más de 150 fallecidos
Uno de los episodios de mayor gravedad documentados por la misión ocurrió en Minab, donde el ataque contra una escuela provocó la muerte de más de 150 personas, entre ellas alrededor de 120 menores de edad.
Según las conclusiones de los investigadores, existen elementos para considerar que en esta operación se habría producido un ataque indiscriminado con consecuencias mortales para la población civil y daños contra bienes de carácter civil.
La misión sostiene que las fuerzas estadounidenses habrían actuado pese a conocer la existencia de un riesgo considerable para objetivos civiles, comportamiento que los expertos calificaron como una actuación con “imprudencia temeraria”.
El informe también examina otro bombardeo ejecutado en Lamerd, donde fueron alcanzados un centro deportivo, una escuela primaria próxima y varios edificios residenciales. Al menos 22 personas murieron como consecuencia de ese ataque.
De acuerdo con los investigadores, durante esa operación fue utilizado un misil PrSM, cuyo impacto habría dispersado aproximadamente 180,000 fragmentos de tungsteno sobre una extensa superficie.
La misión cuestionó la utilización de ese tipo de armamento en las circunstancias descritas, al considerar que sus efectos no podían limitarse adecuadamente a un objetivo militar específico ni evitar afectaciones sobre la población civil.
ONU documenta graves abusos durante protestas en Irán
El informe también dirige fuertes señalamientos contra las autoridades iraníes por la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas desarrolladas entre finales de 2025 y principios de 2026.
La misión considera que varias de las violaciones documentadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinato, encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos contra la población civil.
Según el documento, las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra manifestantes y transeúntes, incluyendo menores de edad, en una represión que los investigadores describen como una escalada de una magnitud superior a campañas represivas anteriores.
La investigación documenta además detenciones masivas, utilización de armas y municiones fuera de los parámetros establecidos y acciones que provocaron numerosas muertes y personas heridas.
Entre las víctimas identificadas durante las protestas figuran al menos 221 niños, aunque el informe no establece una cifra definitiva sobre el número total de fallecidos durante toda la represión.
Denuncian actuaciones contra pacientes y personal sanitario
La investigación también recoge actuaciones atribuidas a las fuerzas de seguridad iraníes dentro de hospitales y centros sanitarios.
Según la misión, pacientes, familiares y trabajadores de la salud habrían sido sometidos a detenciones arbitrarias, hostigamiento y uso innecesario de la fuerza.
Asimismo, las autoridades habrían obstaculizado el acceso de algunos manifestantes heridos a servicios médicos esenciales, incluyendo tratamientos considerados urgentes.
Las cifras sobre el número de víctimas de las protestas presentan diferencias significativas. Las autoridades iraníes han situado en 3,117 las muertes ocurridas durante los días 8 y 9 de enero, mientras organizaciones de derechos humanos han ofrecido estimaciones superiores.
Informe alerta sobre ejecuciones de manifestantes
Otro de los aspectos abordados es el incremento de las ejecuciones de personas vinculadas a las manifestaciones.
La misión señala que entre marzo y agosto al menos 29 hombres fueron ejecutados tras ser procesados por su participación en las protestas y advierte que otras 70 personas estarían en riesgo de recibir la misma pena.
Los investigadores expresaron preocupación por las condiciones en las que se desarrollaron algunos de estos procesos judiciales y por el uso de la pena de muerte como parte de la respuesta estatal frente a las manifestaciones.
Civiles quedan en medio del conflicto y la represión
La misión de Naciones Unidas concluye que la población civil iraní enfrenta una doble situación de vulnerabilidad: por un lado, las graves violaciones de derechos humanos atribuidas a las autoridades del país y, por otro, las consecuencias del conflicto militar que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel.
Ante este escenario, los investigadores solicitaron a los gobiernos de Estados Unidos e Irán detener las violaciones del derecho internacional señaladas en el informe, establecer garantías para evitar su repetición y avanzar en mecanismos de reparación para las víctimas.
Las conclusiones corresponden a la evaluación de la Misión de Investigación de la ONU y deberán ser presentadas formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
