Santo Domingo, 4 de junio de 2025.– Participación Ciudadana calificó como un paso positivo la decisión de la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) de publicar, en su primer mes de gestión, tres auditorías correspondientes a igual número de instituciones públicas. Según el movimiento cívico, esta acción marca un inicio orientado a recuperar la credibilidad del órgano fiscalizador y a fortalecer la confianza ciudadana.
Las auditorías en cuestión, que revelan irregularidades ocurridas durante pasadas administraciones gubernamentales, corresponden al Ministerio de Hacienda (MH), el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), y al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). Participación Ciudadana lamentó que estos informes no fueran divulgados en su momento por los funcionarios a cargo.
El organismo destacó que la actual gestión de la CCRD, presidida por Emma Polanco Melo e integrada por Francisco Tamárez Florentino (vicepresidente), Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana (miembros), ha mostrado una voluntad inmediata de actuar con transparencia.
En su declaración, Participación Ciudadana recordó que una auditoría tiene como objetivo verificar la legalidad y razonabilidad de las transacciones financieras de las instituciones del Estado, conforme a las disposiciones legales, normativas contables, presupuestarias y de control interno vigentes.
Las tres auditorías publicadas revelan no solo distracción de fondos públicos, sino también una gestión deficiente de los recursos del Estado, lo cual representa pérdidas significativas que afectan directamente a la ciudadanía.
En el contexto político actual, donde aspirantes a cargos públicos para el 2028 ya hacen campaña y algunos incluso ocupan posiciones en la administración pública, Participación Ciudadana llamó a la CCRD a incluir en su agenda de auditorías a las instituciones dirigidas por estos precandidatos. Esta medida, argumentan, contribuiría a evitar el uso indebido de los recursos públicos con fines electorales.
Finalmente, la organización recordó que tanto las recomendaciones como la aplicación de las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas son de cumplimiento obligatorio por parte de las instituciones auditadas.
