Los ciudadanos enfrentan cargos por narcotráfico, tráfico de fentanilo, asesinato y distribución de material de explotación sexual infantil
El Gobierno dominicano, encabezado por el Poder Ejecutivo, formalizó la entrega de cuatro ciudadanos dominicanos reclamados por diversas instancias judiciales de los Estados Unidos y Puerto Rico. A través de la emisión de los decretos 240-26, 241-26, 242-26 y 243-26, las autoridades ratifican el cumplimiento de los acuerdos de cooperación jurídica internacional para procesar delitos de alta gravedad, que van desde el tráfico de drogas sintéticas hasta crímenes de sangre y delitos contra la integridad de menores.
Uno de los casos destacados es el de Frank Maiky Báez Guerrero, cuya extradición fue autorizada mediante el Decreto 240-26. Báez Guerrero es requerido por la justicia federal de Massachusetts, bajo acusaciones de formar parte de una compleja estructura criminal que operaba en la región, dedicada no solo al tráfico de sustancias controladas, sino también al blanqueo de capitales proveniente de actividades ilícitas.
Asimismo, el Decreto 241-26 dispone el traslado de Carlos Manuel Martínez de León al Distrito Sur de Florida. Sobre Martínez de León pesan 22 cargos criminales relacionados con la distribución de material de explotación sexual infantil, un caso que ha generado gran seguimiento por la magnitud de las imputaciones presentadas por el Tribunal de Distrito estadounidense.
En cuanto a la lucha contra el tráfico de sustancias peligrosas, el Decreto 242-26 autoriza la entrega de Ruddy Cénit Then (conocido como Ruddy Cenitthen). El ciudadano es solicitado por el Distrito Sur de Nueva York por su presunta vinculación en una asociación criminal destinada a la distribución masiva de fentanilo y metanfetamina. Estas drogas sintéticas representan actualmente una de las mayores prioridades de persecución para las autoridades federales debido a su impacto en la salud pública.
Finalmente, las autoridades judiciales de Puerto Rico recibirán a Miguel Isaac Miguel Jiménez (alias “Tico Tico”), conforme al Decreto 243-26. Jiménez es señalado por su presunta responsabilidad en delitos de asesinato, por lo que deberá responder ante los tribunales de la vecina isla. Con estas acciones, el Estado dominicano refuerza su postura de no permitir que el territorio nacional sea refugio para quienes evaden la justicia internacional.
