La medida busca concluir la formalización del sector e integra a la DGII para asegurar el cumplimiento tributario de los operadores de apuestas y casinos
El Gobierno dominicano dispuso la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias y demás operadores de juegos de azar. La disposición, contenida en el Decreto núm. 197-26, tiene como propósito finalizar los procesos de depuración y validación de los establecimientos que operan en el país, garantizando su adecuación definitiva al marco legal y tributario vigente.
La decisión del Ejecutivo responde al elevado volumen de solicitudes que quedaron pendientes tras el vencimiento de los plazos otorgados originalmente en el año 2022 por el Ministerio de Hacienda (actual Ministerio de Hacienda y Economía). Con este nuevo impulso, se busca que todos los negocios de apuestas logren su formalización bajo una estructura institucional renovada.
Mayor control tributario y fiscalización
Una de las novedades principales de este decreto es el fortalecimiento del rol de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La entidad será la responsable de verificar que los operadores cumplan con sus obligaciones fiscales, procediendo a la incorporación provisional de los establecimientos al régimen tributario y brindando soporte técnico en las labores de fiscalización y control.
Reorganización del Consejo Consultivo
Para garantizar la efectividad del plan, el decreto reorganiza el Consejo Consultivo, integrando a una amplia representación de los sectores involucrados en la industria del juego y las telecomunicaciones. Este organismo estará compuesto por:
- Representantes del Ministerio de Hacienda y Economía y la DGII.
- El Indotel y la Ogtic.
- El administrador de la Lotería Nacional (quien fungirá como coordinador operativo).
- Delegados de Fenabanca, concesionarios, bancas de apuestas deportivas y casinos.
- El arzobispo coadjutor, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.
Nuevo esquema institucional
La pieza legal, firmada el pasado 26 de marzo de 2026, deroga el anterior Decreto núm. 295-22, dejando sin efecto la estructura administrativa previa para consolidar un esquema de supervisión más moderno. El Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con el Consejo, queda instruido para adecuar los instrumentos normativos que permitan la culminación exitosa de este proceso de regularización.
Con esta acción, el Estado reafirma su compromiso de organizar el sector de los juegos de azar, asegurando una competencia leal y una correcta recaudación de los arbitrios correspondientes.
