Incumplimiento de la Ley 590-16 refleja desafíos en la implementación de la reforma policial
SANTO DOMINGO. – A casi una década de la promulgación de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, la institución continúa excediendo el límite legal de oficiales generales permitidos en sus filas. Actualmente, la plantilla cuenta con 42 generales activos, una cifra que duplica la cuota máxima de 20 establecida originalmente en la normativa para garantizar una estructura institucional eficiente y sostenible.
La legislación, vigente desde julio de 2016, otorgaba un plazo de 24 meses al Poder Ejecutivo para ejecutar un retiro gradual de los oficiales excedentes. A pesar de que la ley contemplaba una partida de RD$420 millones para facilitar el retiro de los generales que integraban la plantilla en aquel momento, la realidad actual muestra una persistencia en el abultamiento de los altos mandos, contraviniendo el mandato de que los ascensos deben realizarse únicamente según la disponibilidad de plazas.
Un análisis de la estructura actual revela que, de los 42 generales en servicio, solo 27 desempeñan funciones dentro del organigrama oficial de la Policía Nacional. De este grupo, 16 lideran direcciones regionales, mientras que el resto ocupa posiciones en diversos organismos internos, dejando a una parte considerable de los oficiales generales sin funciones estructurales definidas dentro del esquema institucional.
Recientemente, en febrero de este año, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 133-26, mediante el cual se dispuso el retiro honroso de cinco generales por antigüedad y tiempo en el rango. No obstante, en el mismo decreto se oficializó el ascenso de seis coroneles al rango de general, lo que mantiene la cifra total por encima de lo estipulado por la ley orgánica vigente.
Como parte de los esfuerzos por corregir estas debilidades, en diciembre de 2025 se depositó ante el Senado el Proyecto de Ley de Modernización y Transformación de la Policía Nacional. Esta nueva iniciativa busca endurecer los requisitos para alcanzar el generalato, proponiendo un proceso de selección en cuatro fases que incluye un mínimo de 30 años de servicio, evaluaciones de trayectoria profesional y programas de formación en Alta Dirección Policial de al menos seis meses de duración.
El éxito de la reforma policial en curso depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para ajustar la alta oficialidad a los marcos legales, garantizando que los ascensos respondan a necesidades institucionales y no a criterios ajenos a la eficiencia administrativa.
