La organización política aplicó medidas disciplinarias inmediatas tras confirmarse la acusación formal ante la justicia; el fiscal nacional del partido advirtió que una sentencia condenatoria resultará en su expulsión definitiva.
SANTO DOMINGO.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció este viernes la suspensión de su militancia del regidor por el municipio de Nigua, Ángel María Álvarez Peguero (conocido como Enrique), quien enfrenta una imputación judicial por presunto abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad.
La decisión fue tomada luego de agotarse la primera fase del proceso disciplinario interno, bajo el dictamen del fiscal nacional de la organización, Tony Rodríguez. Tras validar la existencia de una acusación formal ante los tribunales dominicanos, el partido procedió a aplicar las sanciones correspondientes amparadas en su marco institucional.
Suspensión y proceso disciplinario
De acuerdo con el comunicado oficial del PRM, la suspensión de Álvarez Peguero de su calidad de miembro se mantendrá vigente hasta que la justicia emita una sentencia con el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. En caso de que se determine su culpabilidad de manera definitiva, el partido procederá con la expulsión total de sus filas.
La medida se fundamenta en los artículos 64 (letra b) y el párrafo V del artículo 65 de los estatutos internos del partido, los cuales regulan la conducta ética y las sanciones para sus integrantes ante procesos judiciales de gravedad.
Compromiso con la protección de menores
La organización política fue enfática al condenar cualquier acción que atente contra la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes. En su declaración, el PRM subrayó que no tolerará comportamientos de sus miembros que sugieran violencia o abuso infantil, advirtiendo que actuará con firmeza ante cualquier denuncia o sanción judicial de esta naturaleza.
Con este paso, el partido busca enviar un mensaje de coherencia con sus principios éticos, separando de sus filas a cualquier representante público cuya conducta entre en conflicto con el respeto a los derechos fundamentales y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.
