La institución reafirma su capacidad para investigar acuerdos de precios y eliminar barreras burocráticas que frenan el crecimiento de las empresas.
Santo Domingo, RD | Martes 24 de febrero de 2026. – La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) instó formalmente al empresariado dominicano a utilizar los canales institucionales para enfrentar las prácticas que vulneran la libre competencia. María Elena Vásquez Taveras, presidenta del organismo, enfatizó que la entidad cuenta con las herramientas técnicas para investigar desde acuerdos de precios y boicots hasta normativas que bloquean el mercado de manera injustificada.
Durante su intervención en el encuentro mensual de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Vásquez Taveras aclaró que las sanciones son el último recurso, priorizando el acompañamiento preventivo y la revisión de leyes que podrían perjudicar el clima de negocios. “Nuestras recomendaciones han incidido en proyectos de ley y resoluciones que, de haber entrado en vigor tal como estaban diseñadas, habrían perjudicado a empresas como las suyas”, señaló ante los líderes industriales.
Mecanismos contra el abuso y la colusión
La funcionaria detalló que ProCompetencia ofrece mecanismos concretos para cuando un sector enfrenta exclusividades abusivas o regulaciones que cierran el mercado de forma artificial. En tales casos, la Dirección Ejecutiva puede iniciar investigaciones de oficio o por denuncia, emitiendo opiniones técnicas objetivas para corregir normativas antes de que generen daños estructurales.
El presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, coincidió en que la existencia de reglas claras es indispensable para fomentar la inversión. Sostuvo que las empresas no evaden la competencia, sino que exigen igualdad de condiciones para que la innovación sea el verdadero motor del éxito. “Cuando los mercados funcionan correctamente, las empresas tienen incentivos reales para mejorar sus productos y reducir costos”, puntualizó Vásquez Taveras.
Sanciones históricas como precedente
Para ilustrar la efectividad del organismo, la titular recordó que en 2024 se sancionó el primer caso de colusión en contrataciones públicas en el país. En este proceso, dos proveedores coordinaron sus ofertas en licitaciones de alimentos para el sistema penitenciario, una práctica que no solo defraudó al Estado, sino que privó de oportunidades legítimas a compañías que compitieron con transparencia.
Hacia el cierre, la funcionaria invitó a las organizaciones a implementar programas internos de cumplimiento mediante guías prácticas y talleres técnicos ofrecidos por ProCompetencia. Reitero que cumplir con la ley no es una carga, sino una inversión que protege el patrimonio, la reputación y la capacidad de las empresas dominicanas para operar en mercados internacionales.
