Interior y Policía detalla que 184 decesos se debieron a conflictos sociales, mientras que 117 se atribuyen a la delincuencia organizada y común
Las autoridades dominicanas presentaron este lunes el balance de seguridad ciudadana correspondiente a los primeros cuatro meses del año, periodo en el que se contabilizaron 394 muertes violentas en el territorio nacional.
De acuerdo con el informe detallado por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la delincuencia común y organizada cobró la vida de 117 personas, incluyendo a ocho agentes de la Policía Nacional. Por otro lado, la mayor incidencia de letalidad se registró en el ámbito de los conflictos sociales, con 184 fallecimientos derivados de riñas, venganzas y feminicidios. El reporte también incluye a 93 personas fallecidas durante enfrentamientos con patrullas policiales.
Tendencia a la baja en la tasa de homicidios
A pesar de las cifras presentadas, Raful destacó una “reducción sostenida” en la tasa de homicidios acumulada, la cual se sitúa actualmente en 7.34 por cada 100,000 habitantes. Este indicador muestra una mejoría progresiva en comparación con el mismo periodo de años anteriores:
- Mayo 2023: 12.7
- Mayo 2024: 10.05
- Mayo 2025: 8.4
- Mayo 2026: 7.34
La funcionaria subrayó que, pese a la sofisticación de las estructuras criminales, los organismos de seguridad mantienen el ritmo en la desarticulación de redes delictivas.
Uso de la fuerza y operatividad
El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Cruz, reiteró que la institución no tiene como política la ejecución de acciones letales. Sin embargo, advirtió que los efectivos no retrocederán ante la delincuencia. “Nuestro objetivo principal es capturar a los sospechosos y ponerlos a disposición de la justicia, pero muchos casos concluyen en enfrentamientos ante la reacción violenta de los perseguidos”, puntualizó el alto oficial.
Las autoridades reafirmaron su compromiso con el respeto a los derechos humanos, asegurando que cada incidente de fuerza letal es supervisado para garantizar que la actuación policial se ajuste a los protocolos legales.
