Santo Domingo, Rep. Dominicana. 12 de febrero del 2026. — El sistema judicial dominicano ha formalizado medidas cautelares contra tres ejecutivos de la emblemática empresa Barra Payán, tras ser señalados como presuntos responsables de un esquema de sustracción de capitales que asciende a RD$39,784,661.18. La decisión, emitida por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, busca asegurar la presencia de los imputados durante la fase de instrucción de este complejo caso de fraude corporativo.
Resolución judicial y contexto legal
La magistrada Fátima Veloz dispuso que los administradores Marcos Frías García, Juan Frías García y Dagoberto Cabrera queden sujetos a un impedimento de salida del territorio nacional y a la obligatoriedad de comparecer ante el Ministerio Público los días 20 de cada mes.
La imposición de estas medidas se produjo luego de que la Segunda Sala de la Corte de Apelación rechazara una recusación contra la jueza Veloz, ratificando su imparcialidad y permitiendo que el proceso penal por abuso de confianza y estafa continuara su curso legal en perjuicio de la entidad comercial.
El esquema de sustracción: Cuatro años de irregularidades
La acusación se fundamenta en una minuciosa auditoría interna que analizó los ejercicios fiscales comprendidos entre 2019 y 2022. Según el expediente del órgano persecutor, el modus operandi consistía en una manipulación sistemática del flujo de efectivo: los administradores presuntamente omitían depositar la totalidad de los ingresos generados por las ventas en las cuentas bancarias corporativas.
La investigación técnica reveló discrepancias críticas entre los reportes manuales de cierre efectuados por el personal de caja y los balances finales reflejados en los estados financieros de la empresa. Esta brecha permitió el desvío de activos hacia beneficios personales, afectando de manera directa el patrimonio y la rentabilidad de los socios propietarios de la histórica marca gastronómica.
Siguientes pasos procesales
Con la imposición de estas restricciones, el tribunal ha otorgado un plazo de seis meses al Ministerio Público para profundizar en las diligencias investigativas y presentar el acto conclusivo. Durante este periodo, se espera que se realicen nuevos peritajes financieros para determinar el rastro del capital sustraído y fortalecer la acusación formal para la fase preliminar del juicio.
