Las autoridades atribuyen las clausuras a la operación de establecimientos sin habilitación, la prestación de servicios no autorizados y el ejercicio ilegal de profesiones sanitarias. El caso de una mujer fallecida tras una liposucción volvió a poner el problema en el centro del debate.
Santo Domingo.– El Ministerio de Salud Pública ha intervenido o clausurado 1,493 establecimientos de salud en todo el país desde octubre de 2021 por incumplimientos relacionados con las normas de habilitación, una cifra que refleja la persistencia del ejercicio irregular de servicios médicos en la República Dominicana.
Los datos fueron divulgados tras el fallecimiento de Rebeca Brizar, una mujer de 37 años que murió horas después de someterse a una liposucción en un centro ubicado en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, que, según las autoridades, operaba sin autorización para realizar ese tipo de procedimientos.
De acuerdo con las investigaciones, la intervención habría sido practicada por una persona cuya profesión era barbero y que además trabajaba como ayudante de un médico, situación que ha reavivado las preocupaciones sobre el intrusismo en el ejercicio de la medicina.
Tras conocerse el caso, el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de la Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, aunque la medida fue adoptada después de que ocurriera el fallecimiento.
Más de mil intervenciones en cinco años
Las estadísticas oficiales muestran que entre octubre de 2021 y lo que va de 2026 las autoridades sanitarias han ejecutado 1,493 intervenciones en establecimientos de salud por distintas irregularidades.
Del total, 149 centros fueron intervenidos o clausurados en 2021; 498 en 2022; 458 durante 2023; 234 en 2024; 71 en 2025; y 83 en lo que transcurre de 2026.
El director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, explicó que las principales faltas detectadas incluyen la operación de centros sin licencia de habilitación, la oferta de servicios no autorizados y el desempeño de funciones médicas por personas que no cuentan con las credenciales requeridas.
Santo Domingo y Santiago concentran más casos
Mesa indicó que las provincias Santo Domingo y Santiago registran la mayor cantidad de establecimientos intervenidos por las autoridades.
Asimismo, precisó que algunas medidas corresponden a cierres temporales, mientras que otras implican la clausura definitiva del establecimiento mediante resoluciones emitidas por la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud Pública.
El funcionario afirmó que las acciones de fiscalización buscan reducir las prácticas ilegales en el sector salud y fortalecer el cumplimiento de la legislación vigente.
El caso de Rebeca Brizar ha reabierto el debate sobre la necesidad de que los pacientes verifiquen que los centros médicos y los profesionales que los atienden cuenten con las autorizaciones correspondientes antes de someterse a procedimientos quirúrgicos o estéticos.
