El ministro Víctor Atallah confirma que el centro estético “Diosa” solo estaba habilitado para consultas y había violado clausuras previas impuestas por las autoridades
SANTIAGO, RD | Viernes 27 de marzo de 2026. – El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, reveló este viernes que la clínica estética Diosa, donde falleció una mujer de 32 años durante un procedimiento de liposucción, funcionaba al margen de la ley. Según las declaraciones del funcionario, el establecimiento ubicado en la urbanización Jardines Metropolitanos de Santiago ya había sido objeto de sanciones y cierres previos debido a graves irregularidades en su operatividad.
Atallah fue enfático al señalar que el centro no contaba con la certificación de habilitación necesaria para realizar intervenciones quirúrgicas de ninguna índole. Explicó que la autorización vigente para dicho local se limitaba estrictamente a la prestación de consultas médicas externas, por lo que la realización de una cirugía estética representó una violación directa a los protocolos de seguridad sanitaria y a las disposiciones del ministerio.
“Estaba cerrada, solamente habilitada para consultas, pero violaron los protocolos”, puntualizó Atallah, quien además confirmó que el expediente completo será remitido a la acción de la justicia una vez concluyan las investigaciones técnicas y forenses.
Detalles del deceso y clausura inmediata
La víctima de este incidente fue identificada como Angela Geraldine Hernández, conocida entre sus allegados como “Geraldin”, de 32 años y residente en el municipio de Villa González. El deceso se produjo mientras la paciente era sometida a una intervención de extracción de grasa abdominal.
Tras confirmarse el fallecimiento, el equipo de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública se trasladó al lugar para ejecutar una clausura total y definitiva del establecimiento. En la entrada principal fue colocado un letrero oficial que certifica la violación a la Ley General de Salud número 42-01. El ministro precisó que, en esta ocasión, se procedió a cerrar incluso el área de consultas, que era la única sección que legalmente podía permanecer operativa hasta antes de este suceso.
Acciones legales y búsqueda de responsables
El Ministerio Público, en coordinación con las autoridades sanitarias, ha iniciado una fase de peritaje para identificar formalmente a los propietarios del centro y al personal médico que participó en la intervención clandestina. La investigación busca determinar si existió dolo o negligencia temeraria al ignorar una orden previa de cierre para realizar una cirugía de alta complejidad.
“Atendiendo a que estaba cerrada y aun así realizaron la intervención, el caso deberá ser conocido por la justicia”, enfatizó el titular de Salud Pública. Las autoridades se encuentran redactando el informe oficial detallado que servirá como prueba fundamental en el proceso penal que se avecina contra los responsables de este centro estético en el norte del país.
