La Audiencia Nacional anula las sanciones del ejercicio fiscal 2011 tras comprobar que la artista colombiana no residió en España el tiempo mínimo legal; la Agencia Tributaria anuncia que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo
La Audiencia Nacional de España dictó una sentencia favorable para la cantante de origen colombiano Shakira, dejando sin efecto las multas y liquidaciones impositivas que le habían sido impuestas en relación con el ejercicio fiscal del año 2011. El fallo del tribunal contencioso-administrativo ordena a la Agencia Tributaria del país europeo proceder con la devolución de una suma cercana a los 60 millones de euros en favor de la estrella de la música.
La resolución judicial de la Sala estimó el recurso legal interpuesto por la defensa de la artista en contra de las determinaciones del organismo recaudador y del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio. Los magistrados determinaron que la Administración pública española no logró demostrar que la compositora hubiese permanecido en territorio español por un periodo superior a los 183 días durante el año 2011, requisito indispensable establecido por la legislación de ese país para catalogar a un ciudadano extranjero como residente fiscal obligatorio.
“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, manifestó textualmente la artista a través de unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación por medio de su equipo de asesores legales, adscritos al despacho Prada Tax Advisor.
Los fundamentos jurídicos del dictamen
El litigio, ventilado estrictamente por la vía contenciosa-administrativa, implicaba originalmente un monto reclamado de 55 millones de euros. No obstante, las agencias de comunicación y el cuerpo de juristas de la cantante elevaron la cifra a reclamar por encima de los 60 millones de euros tras incorporar al cálculo los intereses de demora devengados y las costas procesales del juicio. La firma de asesoría Llorente y Cuenca, firma que ostenta la representación corporativa de Shakira, precisó que esta resolución representa el archivo de la última cuenta pendiente que la barranquillera mantenía con el fisco español tras una disputa de ocho años.
El análisis de la sección cuarta de lo Contencioso de la Audiencia determinó de forma detallada que la estadía efectiva de la intérprete en España durante el año cuestionado fue de 163 días, cifra inferior al límite tributario. Asimismo, el tribunal desestimó los alegatos estatales que buscaban vincular su domicilio fiscal a partir de su relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué, aclarando que para el año 2011 no existía un “vínculo conyugal” formalizado ni dependientes menores de edad residentes en el país que configuraran un núcleo familiar bajo los efectos estrictos de la ley.
Los jueces también restaron validez a las objeciones sobre la residencia de Shakira en las Bahamas, puntualizando que la calificación regulatoria de dicho archipiélago como paraíso fiscal carece de relevancia procesal debido a que la defensa logró consignar pruebas documentales que certifican que la cantante permaneció al menos 183 días fuera del territorio continental europeo.
Reacciones y apelación estatal
Tras divulgarse el veredicto, Shakira expresó su deseo de que este dictamen judicial “siente un precedente para Hacienda” y criticó las tácticas de presión y el “señalamiento público” a los que fue sometida durante el proceso de investigación. En concordancia, su abogado principal, José Luis Prada, cuestionó fuertemente el método operativo de la Agencia Tributaria, acusando al organismo de implementar directrices que “asfixian a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse”.
Pese a la contundencia de la sentencia, fuentes de la Agencia Tributaria española confirmaron a la agencia EFE que interpondrán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para intentar revertir el fallo. El fisco argumenta que los antecedentes penales de la artista —quien en 2024 aceptó una multa de 7.8 millones de euros por defraudar 14.5 millones en el periodo 2012-2014— validan sus líneas de fiscalización. Este dictamen coincide además con el reciente archivo en Barcelona de una segunda causa penal por presunto fraude de 6.6 millones de euros correspondiente al año 2018, obligando a la artista a dirimir cualquier saldo menor exclusivamente por la vía administrativa.
