El magistrado Raymundo Mejía fijó tres fechas consecutivas para conocer el juicio a las pruebas contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat. El Ministerio Público ya suma 120 querellas por la tragedia que cobró 236 vidas.
Santo Domingo, RD | Lunes 16 de marzo de 2026. – El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo la dirección del juez Raymundo Mejía, estableció formalmente el calendario para la audiencia preliminar en el proceso seguido a los propietarios de la discoteca Jet Set Club. El magistrado dispuso que las sesiones se lleven a cabo los días 6, 13 y 20 de abril de 2026, con el objetivo de determinar si los imputados serán enviados a juicio de fondo.
La decisión del tribunal busca garantizar el debido proceso y permitir que la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat tome conocimiento de las nuevas querellas depositadas este lunes por decenas de víctimas y familiares. Con estas incorporaciones, el Ministerio Público se encuentra apoderado de un total de 120 querellas formales por los delitos de homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias.

Argumentos de la acusación
El Ministerio Público, representado por la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y miembros de la Dirección General de Persecución, sostiene que la tragedia —ocurrida el 8 de abril de 2025— fue producto de una negligencia grave. Según las investigaciones, los propietarios habrían implementado “soluciones paliativas inadecuadas” para reducir costos, ignorando reportes visuales y comunicaciones internas que alertaban sobre fallas estructurales.
Además, el expediente acusatorio señala que la estructura del techo fue sometida a una sobrecarga excesiva mediante la instalación de sistemas de climatización de gran tonelaje (seis aires acondicionados de entre 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua, presuntamente sin contar con los estudios técnicos que avalaran la resistencia del edificio.
Estatus procesal de los imputados
Actualmente, los hermanos Espaillat se encuentran bajo medida de coerción, la cual incluye una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Durante la audiencia preliminar, considerada el “juicio de las pruebas”, el tribunal analizará los elementos presentados por todas las partes constituidas en derecho. El juez Mejía enfatizó la necesidad de que los implicados asistan puntualmente a las fechas pautadas para evitar contratiempos procesales en este caso que ha marcado la historia de los centros de entretenimiento en el país.




