Henry Molina convoca al órgano administrativo para analizar las exigencias de mejoras salariales y promociones, buscando frenar una huelga que cuenta con el apoyo de 400 jueces
Con el objetivo de desactivar un inminente paro de labores que congelaría la actividad en los tribunales del país, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) agendó para hoy una sesión donde se ventilarán las principales quejas de los administradores de justicia y el personal administrativo. El colectivo demanda una revisión de sus sueldos, el cumplimiento de promociones rezagadas y condiciones de trabajo dignas.
La reunión de este órgano constitucional se produce por disposición de su presidente, Henry Molina, tras sostener conversaciones con representantes de la Dirección General de Carrera Judicial y un grupo de magistrados. En dichos encuentros preliminares, los servidores judiciales expusieron las dificultades económicas y operativas que enfrentan de forma cotidiana.
La intervención del CPJ busca desactivar de raíz la convocatoria a huelga fijada para el próximo jueves 21 de mayo, una protesta que ya ha recibido el visto bueno de aproximadamente 400 profesionales de la judicatura. De mantenerse el llamado, el aparato judicial sufriría una parálisis masiva al suspenderse todas las audiencias en agenda.
Las peticiones de los togados
El pliego de reclamos del sector incluye un incremento en sus remuneraciones acorde a la realidad económica actual, el remozamiento de las áreas de trabajo y la reestructuración del escalafón mediante ascensos basados rigurosamente en el mérito profesional. Asimismo, los huelguistas manifiestan un firme rechazo al actual reglamento de evaluación del desempeño, exigiendo en su lugar un fortalecimiento integral de la gestión humana dentro del tren judicial.
Por medio de una comunicación oficial, Molina reconoció el peso y la responsabilidad que recae sobre los hombros de quienes imparten justicia, catalogando su labor como una tarea sumamente minuciosa que requiere prudencia, ecuanimidad y un gran sacrificio personal. Subrayó el valor del personal que sostiene el sistema a nivel nacional, al tiempo que recordó que el Consejo es la única entidad legalmente facultada para canalizar y responder a estas peticiones laborales.
