La viceministra Lily Luciano aclara que el ingreso es voluntario y coordinado con el Ministerio Público; la institución cuenta con 18 refugios activos para proteger a víctimas de violencia extrema
Frente a los recientes e indignantes episodios de violencia de género que han conmovido a la sociedad dominicana, el Ministerio de la Mujer reiteró la total disponibilidad y vigencia de las Casas de Acogida. Estos centros constituyen espacios residenciales de protección de emergencia diseñados específicamente para preservar la integridad física y la vida de las mujeres, así como la de sus hijos e hijas dependientes, que se encuentren en una situación de alto riesgo o bajo amenaza inminente de feminicidio.
La viceministra de Cultura de Igualdad de la institución, Lily Luciano, puntualizó que el acceso a estos refugios especializados —amparados bajo el marco normativo creado por ley en el año 2023— no se ejecuta de forma arbitraria o compulsiva, sino que responde a una medida estrictamente voluntaria que requiere el consentimiento explícito de la ciudadana afectada. Explicó que el proceso de admisión formal se gestiona en estrecha articulación con el Ministerio Público, cuyos fiscales participan en la valoración conjunta del nivel de peligro antes de que el equipo técnico multidisciplinario del ministerio autorice el ingreso.
De acuerdo con los lineamientos institucionales, la permanencia estándar de las usuarias en las instalaciones tiene una duración máxima establecida de 30 días. Durante este período, el Estado activa de manera paralela los mecanismos legales, judiciales y policiales correspondientes para perseguir y procesar al agresor. No obstante, Luciano aclaró que la estadía puede prorrogarse de forma excepcional si la gravedad de la investigación o las necesidades específicas de protección de la víctima así lo ameritan.
Complejidad en los egresos y medidas de traslado
La funcionaria y periodista abordó la complejidad que rodea el proceso de salida voluntaria de las usuarias, señalando que los ciclos prolongados y el trauma de la violencia intrafamiliar suelen fisurar temporalmente la capacidad de toma de decisiones inmediatas en las víctimas. En ese sentido, advirtió de manera tajante que la determinación de abandonar un centro de protección jamás debe ser juzgada ni utilizarse para culpabilizar a la afectada, puesto que la responsabilidad legal y moral del abuso recae única y exclusivamente sobre el agresor.
Asimismo, garantizó que cuando una mujer solicita formalmente su egreso, las autoridades aplican un riguroso protocolo de seguridad para el traslado hacia su residencia o nuevo destino, el cual contempla las mismas restricciones, hermetismo y escolta táctica utilizados al momento de su rescate inicial.
Casos de Anabel Díaz y Esmeralda Moronta
Las precisiones oficiales de la cartera ministerial se producen en el contexto del caso de la ciudadana Anabel Díaz, quien interpuso una denuncia formal por amenazas de muerte contra su pareja, Fausto Ezequiel Valdez Cordero. Según los registros de la entidad, Díaz ingresó protegida el pasado 5 de mayo a una de las casas de acogida junto a sus dos hijos menores de edad para cortar todo canal de contacto con el denunciado. Sin embargo, permaneció en el recinto hasta el 11 de mayo, fecha en la que requirió su salida voluntaria para movilizarse a otra zona geográfica en compañía de su madre. A pesar de su salida, el ministerio ratificó que mantiene activos los servicios de asesoría legal y soporte psicológico para ella.
En marcado contraste, la opinión pública nacional sigue consternada por el trágico feminicidio de Esmeralda Moronta, de 36 años. La dama fue asesinada por su expareja, Omar Tejeda Guzmán, a pesar de haber acudido previamente a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género para denunciar que el individuo la hostigaba de forma constante desde hacía meses. El agresor la persiguió hasta un establecimiento comercial ubicado en las inmediaciones de la propia Fiscalía, donde le propinó múltiples impactos de bala que le causaron la muerte de forma instantánea, un hecho que evidencia la urgencia de fortalecer la eficacia de las rutas de protección vigentes.
