Las estadísticas oficiales revelan la ocurrencia de 22 feminicidios entre enero y marzo; la provincia Santo Domingo lidera la incidencia con 5,766 casos y las exparejas representan el mayor factor de riesgo
Las alarmas institucionales y sociales se mantienen encendidas en la República Dominicana ante la magnitud de la violencia machista. Durante el primer trimestre del año 2026, la Procuraduría General de la República (PGR) contabilizó un preocupante total de 17,552 denuncias relacionadas de forma directa con violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, un reflejo de la urgencia de optimizar los mecanismos de prevención y la efectividad de las respuestas judiciales.
Conforme a los datos detallados en el boletín estadístico oficial, la provincia Santo Domingo se consolidó como la demarcación de mayor criticidad en el ámbito nacional al concentrar 5,766 de los casos reportados. El análisis técnico del informe arroja que la violencia intrafamiliar abarcó el 52.49 % de la totalidad de los expedientes, mientras que la violencia de género representó el 36.94 %, lo que significa que ambas tipologías penales agrupan casi nueve de cada diez denuncias procesadas por el Ministerio Público.
Feminicidios y factores de riesgo
El balance del órgano persecutor confirma la dolorosa cifra de 22 feminicidios perpetrados entre enero y marzo del año en curso. En este renglón, el Distrito Nacional encabezó la lista con cinco muertes, seguido por la provincia Santo Domingo con cuatro víctimas, acumulando entre ambas demarcaciones geográficas cerca del 41 % de los casos fatales.
Las variables demográficas demuestran que este flagelo golpea con mayor saña a la población joven: 16 de las 22 mujeres asesinadas y 11 de los agresores identificados se encontraban en el rango de edad que va desde los 18 hasta los 35 años.
Asimismo, el informe evidencia un patrón de alto riesgo para las autoridades: las exparejas sentimentales figuran como las principales ejecutoras de los ataques, estando vinculadas al 49 % de las agresiones, una cifra que supera con holgura el 18.25 % correspondiente a las parejas actuales. “Esto evidencia que la ruptura de la relación no siempre pone fin al ciclo de violencia y, en muchos casos, puede intensificar el peligro para las víctimas”, subraya de manera textual el análisis especializado contenido en el informe oficial.
Un indicador sumamente alarmante para los esquemas de prevención temprana es que 19 de los 22 feminicidios consumados no contaban con antecedentes de denuncias previas ante las unidades de atención, lo que pone de relieve la dificultad que persiste para detectar de manera oportuna las situaciones de riesgo extremo antes de que deriven en tragedias.
Cronología, protección y asistencia
En el desglose mensual, enero se posicionó como el período con mayor flujo de denuncias al registrar 6,341 casos, seguido por marzo con 6,142 y febrero con 5,069 reportes. Respecto a la distribución semanal, los días lunes concentraron la mayor acumulación de actividad en las fiscalías, aglutinando cerca del 31 % de los registros procesados.
En materia de medidas cautelares y de protección para salvaguardar a las víctimas, el Ministerio Público emitió 7,644 órdenes provisionales durante el referido trimestre. No obstante, de las 2,730 solicitudes formales que los fiscales elevaron a los tribunales del país, solo 2,234 fueron finalmente ratificadas y otorgadas por los jueces.
Por otra parte, los programas de intervención y apoyo social reportaron que 613 hombres recibieron asistencia especializada en los Centros Regionales de Intervención Conductual con miras a modificar patrones agresivos. Paralelamente, 1,086 mujeres sobrevivientes de agresiones severas contaron con soporte integral y acompañamiento en los Centros de Atención a Sobrevivientes de Violencia.
Llamado a la articulación colectiva
Frente a la publicación de este balance y la ocurrencia de recientes agresiones físicas contra las mujeres que han conmocionado el espacio público, el Ministerio de la Mujer reiteró su llamado enérgico a la ciudadanía para denunciar de forma oportuna cualquier indicio de maltrato, instando a las comunidades a no ignorar las señales de peligro y a acompañar de forma solidaria a las afectadas en las rutas de búsqueda de asistencia legal y psicológica.
La institución estatal lamentó profundamente la pérdida de vidas de mujeres en estos entornos de agresividad y externó su profunda solidaridad hacia los entornos familiares impactados por las tragedias, haciendo especial énfasis en el amparo y atención prioritaria que requieren los niños, niñas y adolescentes que quedan en condición de orfandad a causa de estos crímenes.
