El Ministerio de Relaciones Exteriores responde a la expulsión de su embajadora en La Paz; Gustavo Petro defiende su postura y ofrece mediación a pocos meses de concluir su mandato presidencial
Las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y el Estado Plurinacional de Bolivia alcanzaron un nuevo punto de quiebre este miércoles, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano oficializara el cese inmediato de las funciones del encargado de la delegación diplomática boliviana en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel.
La medida adoptada por la administración del presidente Gustavo Petro responde de manera directa, bajo el principio de reciprocidad internacional, a la previa resolución del mandatario boliviano Rodrigo Paz de expulsar del territorio altiplánico a la embajadora colombiana, Elizabeth García, bajo acusaciones de presunta intromisión en los asuntos de soberanía interna de esa nación.
Origen del conflicto e intercambio de notas
La ruptura de los canales tradicionales de interlocución diplomática se precipitó el pasado domingo tras las declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro. Al abordar el panorama de conflictividad social que atraviesa Bolivia, el jefe de Estado colombiano caracterizó los disturbios como una “insurrección popular” motivada por lo que definió como “soberbia geopolítica”.
Las afirmaciones de Petro fueron interpretadas por el presidente Rodrigo Paz —quien asumió la jefatura del Estado boliviano hace seis meses— como un “ataque directo a la democracia”. Paz argumentó de manera pública que su homólogo colombiano ha antepuesto afinidades ideológicas por encima de las normas de convivencia y el respeto mutuo entre los Estados soberanos del continente.
Ante la escalada del diferendo, la Cancillería de Colombia emitió una aclaración institucional para descartar que existiese una intención deliberada de interferir en la dinámica política interna de Bolivia.
“El Gobierno nacional ratifica su compromiso con los principios de igualdad soberana; no intervención en asuntos internos de los Estados; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; y el respeto a la integridad territorial”, precisó el comunicado oficial emitido desde Bogotá.
Contexto de la crisis y propuesta de mediación
Pese al retiro de las misiones oficiales, el presidente Gustavo Petro externó la plena disposición de su Gobierno —el cual concluirá formalmente su mandato constitucional el próximo 7 de agosto de 2026— para actuar como facilitador en la búsqueda de una salida negociada a las pugnas civiles. El gobernante colombiano abogó además por la erradicación de los prisioneros por causas políticas en las Américas y propuso la construcción de un modelo democrático inclusivo en la región.
El trasfondo de la crisis boliviana acumula más de 15 días de intensos bloqueos viales, huelgas de transporte y manifestaciones en los centros urbanos de La Paz y El Alto. Los gremios de trabajadores, sindicatos mineros y facciones adscritas a la Central Obrera Boliviana (COB) —así como sectores afines al exmandatario Evo Morales— iniciaron las jornadas de protesta debido a la escasez crítica de hidrocarburos, la devaluación salarial y la reforma del marco fiscal, demandas que con el paso de los días se unificaron en la exigencia de la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
