El mandatario reestructura su gabinete ante 15 días de intensas protestas; Washington advierte sobre “un golpe de Estado en marcha” impulsado por sectores afines a Evo Morales
Las protestas sociales que desde hace dos semanas estremecen al Estado Plurinacional de Bolivia mutaron este miércoles hacia una profunda crisis de dimensiones políticas y diplomáticas a nivel continental. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz, quien asumió la jefatura del Estado hace apenas seis meses, denunció formalmente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la ejecución de un plan de desestabilización, al tiempo que ordenó la expulsión de la embajadora de Colombia y recibió el respaldo estratégico de los Estados Unidos.
El conflicto civil, originado a principios de mayo por demandas de reajustes salariales, escasez de hidrocarburos y el rechazo a un paquete de reformas normativas, se ha radicalizado con la exigencia de renuncia del gobernante. Los bloqueos de carreteras y disturbios se concentran con severidad en las ciudades de La Paz y El Alto, liderados por sindicatos, organizaciones campesinas aimaras y facciones leales al expresidente Evo Morales.
Reestructuración ministerial y desabastecimiento crítico
Frente al recrudecimiento de las movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz anunció un reordenamiento inmediato de su gabinete con el propósito de agilizar la gestión pública y dar respuesta a las demandas ciudadanas. Asimismo, oficializó la creación de un Consejo Económico y Social para sociabilizar las reformas estatales y desmontar las denuncias de supuestas privatizaciones esgrimidas por las organizaciones en huelga.
La coyuntura interna en la sede del Gobierno y el Legislativo es catalogada como crítica debido al prolongado aislamiento vial, el cual ha provocado un severo desabastecimiento de insumos básicos, fármacos y oxígeno medicinal. Para contrarrestar la emergencia, el Poder Ejecutivo habilitó un puente aéreo que cuenta con el soporte técnico y logístico de aeronaves militares de Argentina, encargadas de trasladar alimentos hacia los centros urbanos desprovistos.
Paz desmintió tajantemente las declaraciones de Evo Morales, quien acusó sin pruebas a Buenos Aires de transportar material represivo, aclarando que la participación argentina responde estrictamente a un operativo de asistencia humanitaria.
Tensiones diplomáticas y el factor judicial
La crisis adquirió carácter transnacional tras la decisión de Bolivia de expulsar a la embajadora de Colombia en La Paz, Elizabeth García. La medida se adoptó luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara las manifestaciones como una “insurrección popular” y afirmara públicamente que en territorio boliviano “están matando a un pueblo”. Petro reaccionó señalando que la administración de Paz incurre en “extremismos” y advirtió sobre el peligro de una eventual masacre institucional si no se propicia una mesa de concertación nacional.
En el plano interno y penal, el conflicto se entrelaza con los procesos judiciales del expresidente Morales. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, instó públicamente al Gobierno de Colombia a colaborar para que Morales sea conducido ante los tribunales penales bolivianos, donde enfrenta un proceso formal por el delito de trata agravada de personas. Actualmente, el exmandatario permanece guarecido en el Chapare, su principal bastión político y sindical, custodiado por civiles armados y seguidores.
El respaldo de la Casa Blanca
En contraposición a la postura de Bogotá, el Gobierno de los Estados Unidos exteriorizó su absoluto e irrestricto respaldo a la legitimidad del presidente Rodrigo Paz.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió de manera contundente que Washington no permitirá que estructuras criminales o ligadas al narcotráfico depongan a líderes que han sido elegidos mediante el voto democrático. En sintonía con estas declaraciones, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, fue más allá al señalar que las evidencias fácticas en el Altiplano apuntan a “un golpe de Estado en marcha”.
