La propuesta elevaría las sanciones económicas hasta los 18 mil dólares y podría impactar a cientos de dominicanos con procesos migratorios pendientes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) evalúa una propuesta que incrementaría significativamente las multas aplicadas a inmigrantes que no cumplan con órdenes de deportación emitidas por las autoridades migratorias.
La iniciativa contempla elevar la penalidad económica actual de 5,130 dólares hasta 18,000 dólares por persona, una medida que podría afectar a cientos de dominicanos y a ciudadanos de otras nacionalidades que permanecen en territorio estadounidense pese a contar con órdenes de expulsión vigentes.
De acuerdo con los argumentos presentados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el aumento busca cubrir los costos asociados a los procesos de localización, detención, custodia, procesamiento y deportación de extranjeros que incumplen las disposiciones migratorias.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los gastos relacionados con estos procedimientos han aumentado considerablemente e incluyen aspectos como la capacitación del personal, el uso de vehículos, recursos logísticos y otras operaciones necesarias para ejecutar las acciones de control migratorio.
Según la propuesta, la tarifa vigente resulta insuficiente para compensar el costo real que representa para el Estado gestionar los casos de personas que recibieron órdenes de deportación, no asistieron a sus audiencias migratorias y posteriormente fueron localizadas por las autoridades.
La medida está dirigida específicamente a extranjeros que fueron declarados deportables en ausencia, que no abandonaron voluntariamente el país dentro del plazo establecido y que posteriormente son detenidos por agentes migratorios.
El cobro de estas sanciones fue incorporado a la legislación estadounidense a través de una ley presupuestaria aprobada el año pasado, como parte de los esfuerzos para fortalecer la aplicación de las políticas migratorias.
Antes de una eventual aprobación, el Departamento de Seguridad Nacional abrió un período de consulta pública para recibir observaciones y comentarios sobre la propuesta. El proceso permanecerá abierto hasta el próximo 22 de junio.
La iniciativa forma parte de las acciones que las autoridades estadounidenses han venido implementando para reforzar el cumplimiento de las órdenes de deportación y fortalecer los mecanismos de control migratorio en el país.
