La medida establece criterios unificados para la administración de bienes de consumo mientras se implementa un nuevo sistema tecnológico.
Santo Domingo.– La Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta que establece nuevas disposiciones para fortalecer la administración, el registro, el monitoreo y el control de los inventarios de bienes de consumo en las instituciones públicas.
La medida responde a lo establecido en el Decreto 385-25 y busca unificar los criterios utilizados por los organismos del Estado mientras se desarrolla e implementa el sistema tecnológico integral previsto en esa normativa.
La disposición fue suscrita por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, y está dirigida a ministerios, direcciones generales, instituciones descentralizadas, organismos de la Seguridad Social, empresas públicas y demás entidades que administran bienes de consumo.
Entre las principales medidas figura la homologación obligatoria de los registros de inventario con el Catálogo de Bienes y Servicios administrado por la DGCP, con el propósito de mejorar la trazabilidad, comparabilidad y consolidación de la información utilizada para la planificación y el control de los recursos públicos.
La circular también dispone que las instituciones fortalezcan sus políticas internas de gestión de inventarios mediante metodologías de clasificación, criterios de abastecimiento y mecanismos de alerta temprana para identificar productos próximos a vencer, bienes sin movimiento o riesgos de desabastecimiento.
Asimismo, las entidades deberán realizar cortes semestrales de inventario y remitir la información a la Contraloría General de la República mediante un formato digital único, lo que permitirá fortalecer las labores de supervisión y fiscalización.
Otra de las disposiciones establece que, antes de iniciar procesos de compra de bienes de consumo recurrente, las instituciones deberán verificar las existencias disponibles, evaluar el consumo histórico y confirmar la necesidad real de reposición, además de consultar la planificación contemplada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).
La normativa también instruye a las entidades públicas a elaborar reportes periódicos dirigidos a sus máximas autoridades sobre el estado de los inventarios, incluyendo información sobre existencias críticas, bienes próximos a vencer y necesidades de reposición.
Como parte de la implementación de estas medidas, la Contraloría y la DGCP desarrollarán jornadas de capacitación para orientar a las instituciones sobre la aplicación de las nuevas disposiciones.
La circular tendrá carácter transitorio y permanecerá vigente hasta la puesta en funcionamiento del sistema tecnológico integral para la gestión de inventarios contemplado en el Decreto 385-25.
