El dirigente de la Fuerza del Pueblo plantea reunir al Gobierno, partidos políticos, iglesias, empresarios, sociedad civil y organizaciones comunitarias para discutir acciones frente a la delincuencia y la inseguridad.
Santo Domingo.– El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, propuso la realización urgente de una cumbre nacional para analizar los recientes hechos de violencia y delincuencia registrados en República Dominicana y buscar respuestas conjuntas frente a la inseguridad.
El exprocurador general de la República planteó que el encuentro debe integrar a distintos sectores de la sociedad, incluyendo representantes del Gobierno, partidos políticos, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, juntas de vecinos y otras entidades vinculadas con la vida nacional.
Jiménez Peña sostuvo que la situación requiere una respuesta que trascienda las diferencias políticas y permita coordinar esfuerzos entre las instituciones públicas y los diferentes sectores sociales.
El dirigente opositor atribuyó su propuesta a lo que considera una incapacidad de las autoridades para contener los hechos violentos y aseguró que los episodios registrados recientemente han aumentado la preocupación de la población.
Según manifestó, los niveles de delincuencia e inseguridad generan desasosiego entre los ciudadanos y hacen necesario abrir un espacio de discusión nacional para identificar las causas del problema y establecer posibles soluciones.
Cita recientes hechos de violencia
Entre los casos mencionados por Jiménez Peña figuran la muerte de una adolescente de 14 años en Capotillo, el caso de un joven que recibió múltiples heridas en las proximidades de su residencia, la muerte de Emmanuel Contreras en Los Praditos y el incidente ocurrido en Boca Chica en el que falleció el artista urbano Diddy Glow.
También hizo referencia a denuncias de robos y atracos en diferentes sectores del territorio nacional como parte de los hechos que, a su juicio, justifican la convocatoria de todos los sectores.
El dirigente calificó la situación como un llamado urgente a la conciencia nacional y consideró que enfrentar la violencia requiere acciones coordinadas que involucren tanto a las autoridades como a las comunidades.
Jiménez Peña afirmó que el país debe actuar antes de que la situación alcance niveles más difíciles de controlar y advirtió sobre las consecuencias institucionales que podría generar una respuesta insuficiente frente al problema.
En ese contexto, utilizó el concepto de “Estado fallido” para advertir sobre un escenario en el que las instituciones pierdan capacidad de respuesta frente al crecimiento de la violencia y la delincuencia.
La afirmación corresponde a la valoración política del dirigente de la Fuerza del Pueblo sobre la situación de seguridad del país.
Plantea participación de diferentes sectores
La propuesta de una cumbre nacional contempla la participación de sectores políticos, empresariales, religiosos, sociales y comunitarios con el objetivo de discutir medidas que puedan contribuir a enfrentar la delincuencia desde diferentes ámbitos.
Jiménez Peña entiende que la seguridad ciudadana no debe abordarse únicamente desde la persecución del delito, sino también mediante acciones sociales y comunitarias que permitan intervenir sobre factores relacionados con la violencia.
El exprocurador insistió en la necesidad de que las diferentes organizaciones de la sociedad se involucren en la búsqueda de respuestas, argumentando que los recientes acontecimientos afectan de manera transversal a las familias dominicanas.
Asimismo, llamó a fortalecer valores como la solidaridad, la empatía y el respeto dentro de las familias y las comunidades.
Pidió prestar mayor atención a niños y adultos mayores y fomentar una cultura de ayuda al prójimo como parte de los esfuerzos para construir una convivencia social menos violenta.
La propuesta se produce en momentos en que varios hechos de violencia ocurridos recientemente han generado atención pública y debates sobre seguridad ciudadana, prevención del delito y capacidad de respuesta de las instituciones.
