Abogados sostienen que el Ministerio Público tiene facultad para iniciar de oficio las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante actuaciones policiales, sin necesidad de esperar una querella de los familiares.
Santo Domingo.– Diversos juristas plantearon que el Ministerio Público debe investigar las circunstancias en que decenas de personas señaladas como presuntos delincuentes han perdido la vida durante alegados “intercambios de disparos” con agentes de la Policía Nacional.
Los cuestionamientos surgen ante el número de casos registrados en las últimas semanas y el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, así como las garantías constitucionales que deben prevalecer incluso cuando una persona sea señalada por la comisión de un delito.
La Constitución dominicana establece el derecho a la vida y dispone expresamente que no podrá pronunciarse ni aplicarse la pena de muerte. En ese contexto, juristas consultados consideran necesario que cada muerte ocurrida durante una actuación policial sea investigada para determinar cómo se produjeron los hechos y establecer eventuales responsabilidades.
El abogado Emmanuel Pimentel explicó que corresponde constitucional y legalmente al Ministerio Público dirigir la investigación cuando una persona pierde la vida durante una intervención policial, sin que sea necesario esperar una querella de los familiares.
A su juicio, que una persona sea identificada por las autoridades como presunto delincuente no sustituye la investigación ni constituye, por sí solo, una justificación para el empleo de fuerza letal.
Ministerio Público puede actuar de oficio
El jurista Valentín Medrano también consideró que las autoridades del Ministerio Público deben iniciar las indagatorias correspondientes ante la cantidad de casos registrados.
En la misma línea, Joaquín Zapata sostuvo que la investigación puede comenzar de oficio o a partir de una denuncia presentada por familiares u otras personas afectadas directa o indirectamente.
Carlos Balcácer señaló que, conforme al Código Procesal Penal, corresponde al Ministerio Público, específicamente a la fiscalía de la jurisdicción donde ocurrió el hecho, desarrollar las investigaciones necesarias.
Los planteamientos coinciden en que el esclarecimiento de los casos debe permitir determinar si los agentes actuaron legítimamente frente a una amenaza que justificara el uso de la fuerza o si se produjeron actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
Debate sobre los “intercambios de disparos”
Las recientes muertes atribuidas a enfrentamientos entre agentes policiales y presuntos delincuentes han reabierto el debate sobre seguridad ciudadana, derechos fundamentales y actuación policial.
Desde la perspectiva jurídica, una persona señalada de cometer un delito debe ser sometida al sistema de justicia y recibir el debido proceso establecido por las leyes.
Al mismo tiempo, las investigaciones deberán establecer las circunstancias particulares de cada intervención, incluyendo si existió una agresión contra los agentes y si la respuesta policial fue proporcional a la amenaza enfrentada.
El Ministerio Público tiene entre sus responsabilidades dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad, además de garantizar los derechos fundamentales de las personas involucradas en los procesos.
