A 12 años de su promulgación, la normativa que exige un general por cada mil efectivos sigue sin cumplirse; el Ejército lidera el excedente con 58 oficiales de alto rango
SANTO DOMINGO. – A más de una década de la entrada en vigencia de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas, la estructura militar de la República Dominicana continúa operando al margen de los topes legales establecidos para el alto mando. Según datos actuales, las instituciones castrenses cuentan con 103 oficiales generales activos (incluyendo mayores generales y vicealmirantes), lo que representa un exceso de aproximadamente 40 oficiales por encima de lo permitido.
La legislación, diseñada para racionalizar la jerarquía militar, estipula en su artículo 262 que debe existir un general de brigada o almirante por cada 1,000 miembros activos. Con una fuerza actual de 63,000 efectivos, la cifra de generales debería limitarse a 63, distribuidos proporcionalmente entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Desequilibrio por instituciones
El desglose por rama evidencia que el Ejército de República Dominicana (ERD) posee 58 generales para una fuerza de 33,000 miembros, cuando legalmente le corresponderían 33. Por su parte, la Fuerza Aérea cuenta con 26 generales (frente a los 17 permitidos para sus 17,000 efectivos) y la Armada dispone de 19 almirantes (pese a que sus 13,000 miembros solo justifican 13 plazas).
Este fenómeno se ve alimentado por una dinámica de ascensos que contradice el espíritu de la ley. Un ejemplo reciente ocurrió en febrero de este año con el Decreto 135-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo retiró a 11 oficiales, pero simultáneamente ascendió a 9 coroneles al rango de general, manteniendo prácticamente intacto el volumen del generalato.
Estancamiento en los rangos superiores
El problema de la estructura piramidal no se limita a los generales. Actualmente existen más de 1,300 coroneles en servicio activo, de los cuales 617 pertenecen al Ejército, 440 a la Fuerza Aérea y 247 a la Armada. En muchos casos, estos oficiales superan los 20 años en el mismo rango o han excedido la edad máxima permitida, debilitando la aplicación del artículo 157 que establece el retiro obligatorio tras 10 años en el rango de general.
Esta situación refleja un patrón de incumplimiento normativo similar al observado en la Policía Nacional, planteando un desafío persistente para la transparencia y la funcionalidad de las instituciones de seguridad y defensa nacional, que aún no logran ejecutar el desmonte gradual ordenado hace ya 12 años.
