La iniciativa busca eliminar diferencias en la aplicación de las normas entre el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, además de reconocer la publicación digital de las leyes.
Santo Domingo. El presidente Luis Abinader sometió ante el Senado de la República un proyecto de ley que propone modificar el artículo 1 del Código Civil dominicano con el objetivo de unificar el plazo de entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
La iniciativa fue presentada a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y procura adecuar la legislación a la realidad actual del Gran Santo Domingo, donde existe una estrecha integración social, económica, laboral y educativa entre ambas demarcaciones.
Según el proyecto, la diferencia existente en la actualidad provoca un desfase de un día en la entrada en vigor de las leyes entre el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, situación que podría generar desigualdades en la aplicación de las normas y afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
El Poder Ejecutivo considera que la constante movilidad de las personas entre ambos territorios hace necesario establecer un régimen uniforme para la entrada en vigencia de las disposiciones legales.
Modernización del sistema jurídico
Además de la unificación de los plazos, la propuesta contempla reconocer oficialmente la publicación de las leyes mediante plataformas electrónicas del Estado, otorgándoles el mismo valor jurídico que las publicaciones impresas tradicionales.
La iniciativa sostiene que los avances tecnológicos permiten una difusión más rápida, eficiente y transparente de las normas, facilitando además el acceso de la ciudadanía a la información legal.
De acuerdo con el documento presentado ante el Senado, esta actualización contribuiría a modernizar el sistema jurídico dominicano y fortalecer principios fundamentales como la igualdad ante la ley, la transparencia y la seguridad jurídica.
El Gobierno entiende que la reforma permitirá mejorar la eficiencia institucional y garantizar una aplicación más uniforme de las disposiciones legales en una de las zonas de mayor concentración poblacional y actividad económica del país.
La propuesta será conocida por el Congreso Nacional como parte del proceso legislativo correspondiente.
