SANTO DOMINGO. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) manifestó su total confianza en que el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictará apertura a juicio contra los implicados en el caso de corrupción del Intrant. Tras concluir la fase de presentación de pruebas, la procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró que la acusación ha sido demostrada de manera contundente.
La magistrada Ortiz señaló que, a pesar de los esfuerzos de las defensas por “tender cortinas de humo” y desviar la atención del proceso con argumentos fuera del marco jurídico, el Ministerio Público logró sustentar cada una de las imputaciones. La decisión final sobre si el caso pasa a la siguiente etapa procesal será anunciada por la jueza Yanibet Rivas el próximo 5 de mayo a las 9:00 a. m.
Evidencias de un esquema de defraudación
Según las declaraciones de la titular de la Pepca, una de las pruebas más sólidas presentadas consiste en una serie de mensajes de WhatsApp. Estos diálogos demostrarían que la licitación pública para el sistema de semaforización ya estaba comprometida a favor de José Ángel Gómez Canaán (Jochi) mucho antes de que el proceso legal se llevara a cabo formalmente.
“Se estaba jugando con cartas marcadas, evidentemente para favorecer a un proveedor con el que ya se tenían relaciones, a cambio de beneficios económicos”, subrayó la magistrada.
Alcance de la estructura criminal
La investigación, que involucra a exfuncionarios de alta jerarquía como Hugo Beras, exdirector del Intrant, describe un entramado que operaba mediante contratos irregulares con empresas como Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S. El órgano acusador sostiene que esta red incurrió en múltiples delitos, entre los que destacan:
- Estafa contra el Estado y fraude en contrataciones públicas.
- Lavado de activos y falsificación.
- Delitos de alta tecnología y sabotaje a infraestructuras críticas.
Además de Beras y Gómez Canaán, el proceso incluye a exdirectivos de tecnología y finanzas del Intrant, así como a diversos colaboradores externos y personas jurídicas que habrían servido como plataforma para el desvío de fondos públicos.
Expectativa por el fallo
El Ministerio Público ha solicitado formalmente que todos los imputados sean enviados a juicio de fondo. Con la reserva del fallo para el 5 de mayo, el país queda a la espera de una decisión que marcará el rumbo de uno de los casos de presunta corrupción administrativa más mediáticos de los últimos años, vinculado a la gestión de infraestructuras críticas de transporte y seguridad nacional.
