El fallo del 2do Circuito favorece a cientos de dominicanos afectados por la política de detención obligatoria; jueces califican la medida de inconstitucional
NUEVA YORK. – En una sentencia de alto impacto para la comunidad inmigrante, el Tribunal Federal de Apelaciones del 2do Circuito de Nueva York dictaminó que el Gobierno de los Estados Unidos no puede mantener encarcelados a no ciudadanos, incluyendo a cientos de dominicanos, sin otorgarles el derecho a una audiencia de fianza.
El panel de tres jueces determinó que la interpretación que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dado a la ley de 1996 para justificar detenciones obligatorias contradice la Constitución y el texto claro de la norma. El fallo señala que el Congreso estableció originalmente un sistema basado en el tiempo de arraigo del inmigrante en el país, lo cual ha sido ignorado por la actual administración.
Impacto en la comunidad dominicana
Cientos de dominicanos, muchos de ellos residentes de larga data y sin antecedentes penales, se han visto atrapados en centros de detención sin posibilidad de solicitar su libertad bajo fianza. Ante la negativa de los tribunales de inmigración, miles de afectados han recurrido a peticiones de hábeas corpus en cortes federales para forzar la revisión de sus casos.
Hasta el momento, aproximadamente el 90 % de los jueces federales que han conocido estas demandas han rechazado el enfoque de detención obligatoria del Gobierno, acumulando más de 30,000 litigios activos en todo el sistema judicial estadounidense.
Victoria para los derechos civiles
Organizaciones como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) celebraron la decisión. Amy Belsher, directora de Litigio de la entidad, afirmó que la política gubernamental de detener a millones de personas sin un proceso debido es ilegal. “Contraviene la Ley de Inmigración y la decencia humana básica”, subrayó la activista.
Este fallo representa un alivio significativo para las familias dominicanas en el exterior, garantizando que sus parientes detenidos tengan, al menos, la oportunidad de presentar su caso ante un juez y solicitar su liberación mientras esperan la resolución de sus procesos migratorios.
