El tribunal posterga la audiencia para que la defensa técnica analice una prueba audiovisual presentada por el Ministerio Público; el órgano acusador mantiene la solicitud de prisión preventiva
La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal dispuso este martes un nuevo aplazamiento del conocimiento de la medida de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo, imputada por la muerte de su hija de seis años de edad. El magistrado a cargo reprogramó la audiencia para el próximo viernes 15 de mayo.
La decisión judicial se produjo tras la solicitud del abogado defensor de la imputada, quien argumentó la necesidad de contar con tiempo suficiente para estudiar y analizar una prueba audiovisual depositada recientemente por el Ministerio Público. El juez acogió el pedimento con el fin de garantizar el derecho a la defensa y que el representante legal pueda preparar sus alegatos frente a la evidencia presentada.
Detalles de la acusación
El Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva contra Linarez Araujo, a quien señala como responsable de la muerte de la menor en un hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en el sector Sabana Toro. Según el expediente, la imputada llevó a la niña a un hospital local alrededor del mediodía, donde se confirmó que la infante no tenía signos vitales.
Las investigaciones, sustentadas en el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), establecieron que la menor falleció a causa de una asfixia por sofocación mediante obturación de los orificios respiratorios, tipificada como una muerte violenta de etiología médico-legal homicida.
Investigación y arresto
El órgano persecutor sostiene que el crimen se habría perpetrado en horas de la mañana dentro de la residencia familiar. Para llegar a esta conclusión, las autoridades realizaron levantamientos de cámaras de vigilancia, entrevistas y múltiples interrogatorios.
Cabe destacar que la orden de arresto contra la madre fue ejecutada la semana pasada, tras avanzar las pesquisas que, según el informe, indican que la mujer habría mantenido una conducta de aparente tranquilidad durante los casi dos meses posteriores al suceso. El tribunal retomará el proceso el próximo viernes para determinar la medida cautelar correspondiente.
