El senador sometió un proyecto de modificación que también plantea cambios en las disposiciones sobre difamación e injuria para adecuarlas a estándares democráticos y de derechos humanos.
Santo Domingo.– El senador Antonio Taveras Guzmán sometió un proyecto de ley que busca introducir modificaciones a varios artículos del Código Penal dominicano, con el objetivo de fortalecer las garantías de libertad de expresión, proteger el derecho a la crítica ciudadana y adecuar la legislación penal a principios constitucionales y estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La propuesta legislativa plantea cambios en las disposiciones relacionadas con la difamación, la injuria y el denominado ultraje a funcionarios públicos, figuras que, según el legislador, requieren una revisión para evitar interpretaciones que puedan afectar el ejercicio de derechos fundamentales.
Al presentar la iniciativa, Taveras afirmó que la intención es construir un marco jurídico más equilibrado, que permita sancionar conductas que lesionen la honra de las personas sin restringir el derecho de la ciudadanía a expresar opiniones, cuestionar actuaciones públicas o ejercer control social sobre quienes ocupan cargos en el Estado.
“Se trata de fortalecer nuestra democracia, garantizar mayores libertades y construir un sistema penal más justo, proporcional y respetuoso de los derechos de los dominicanos y dominicanas”, expresó el senador.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la modificación del artículo 208 del Código Penal, relativo a la difamación. El legislador plantea que la sanción penal se limite exclusivamente a los casos en que exista una imputación falsa realizada de manera deliberada, evitando que opiniones o expresiones amparadas por la libertad de expresión sean objeto de persecución penal.
Asimismo, propone reformular el artículo 209, referente a la denominada difamación extorsiva. En lugar de mantener la tipificación actual, la iniciativa plantea convertirla en una modalidad agravada de difamación para los casos considerados de mayor gravedad.
En cuanto al artículo 210, relacionado con la injuria, el proyecto busca garantizar una mayor protección al derecho de opinión y crítica. La propuesta establece que únicamente las conductas graves y realizadas con intención dolosa puedan ser sancionadas penalmente, excluyendo expresamente las manifestaciones protegidas por la libertad de expresión.
Otro de los cambios planteados corresponde al artículo 212. Según explicó Taveras, resulta necesario evitar que conflictos relacionados con el honor o la vida privada puedan derivar en medidas que afecten el funcionamiento de los medios de comunicación.
Por esta razón, la iniciativa establece que ninguna acción vinculada a este tipo de infracciones pueda dar lugar al cierre de medios, suspensión de operaciones, revocación de licencias, incautación de equipos o medidas similares que puedan limitar el ejercicio periodístico o la difusión de información.
Sin embargo, la propuesta que concentra mayor atención es la derogación del artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionarios o servidores públicos.
El senador considera que esta figura jurídica concede una protección especial a quienes ejercen funciones públicas, generando una diferencia frente al resto de los ciudadanos que resulta incompatible con el principio de igualdad ante la ley.
A juicio de Taveras, en una sociedad democrática los funcionarios públicos deben estar sujetos a mayores niveles de escrutinio y crítica debido a la naturaleza de las responsabilidades que desempeñan.
“Esta disposición otorga una protección penal privilegiada a los funcionarios frente a los ciudadanos, en contradicción con el principio constitucional de igualdad ante la ley y con la necesidad de garantizar el escrutinio público sobre quienes ejercemos funciones públicas”, sostuvo.
El legislador argumentó que la propuesta no busca eliminar mecanismos de protección para la honra o la reputación de las personas, sino establecer un equilibrio entre esos derechos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución.
Indicó además que espera que el Congreso Nacional abra una discusión amplia sobre la iniciativa, tomando en consideración las recomendaciones de organismos internacionales, juristas, sectores académicos y representantes de la sociedad civil.
La propuesta deberá ahora ser estudiada por las comisiones correspondientes antes de continuar su curso legislativo en el Congreso Nacional.
