Santo Domingo Este. Rep Dominicana. 9 de febrero del 2026. – El conocimiento de la medida de coerción contra tres administradores de la emblemática empresa Barra Payán, acusados de un millonario fraude corporativo, quedó suspendido por tiempo indefinido. La decisión fue tomada por la magistrada Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras ser recusada por la defensa de una de las querellantes bajo el alegato de parcialidad en el proceso.
Ante este recurso, la jueza Veloz se vio obligada a paralizar la audiencia y remitir el expediente a la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Este órgano superior deberá ahora asignar una sala para que sus jueces analicen los méritos de la recusación. Si el recurso es rechazado, la magistrada retomará el control del caso; de lo contrario, la jueza coordinadora Kenya Romero deberá designar a un nuevo magistrado.
Un desfalco detectado mediante auditoría
La acusación del Ministerio Público se fundamenta en una exhaustiva investigación que abarca las operaciones de la empresa durante el periodo 2019-2022. Según el órgano acusador, los administradores Marcos Frías García, Juan Frías García y Dagoberto Cabrera habrían sustraído la suma de RD$39,784,661.18.
El expediente detalla que el perjuicio económico fue descubierto gracias a una auditoría externa que evidenció discrepancias sistemáticas en el manejo del efectivo. De acuerdo con el Ministerio Público, el modus operandi consistía en lo siguiente:
- Irregularidades en los depósitos: Los imputados presuntamente no depositaban en las cuentas bancarias de la empresa la totalidad de los ingresos diarios.
- Alteración de reportes: Se detectaron diferencias significativas entre los cuadres manuales realizados por el personal de caja y los montos finalmente reflejados en los estados financieros corporativos.
- Abuso de confianza: El esquema habría permitido la distracción de activos y fondos de los socios y propietarios legítimos durante cuatro años consecutivos.
Petición del Ministerio Público
A pesar de la magnitud del desfalco alegado, el Ministerio Público ha solicitado como medida de coerción:
- El pago de una garantía económica de un millón de pesos.
- Impedimento de salida del país para los tres imputados.
- Presentación periódica ante las autoridades judiciales.
Mientras se espera el fallo de la Corte de Apelación, los implicados permanecen bajo investigación por violación a las leyes sobre abuso de confianza y fraude comercial, en un caso que ha generado gran atención debido al reconocimiento social de la empresa afectada.
