La mercancía fue retirada de circulación por contrabando, evasión fiscal, falsificación, adulteración y falta de registros; casi 14 millones de las unidades destruidas correspondían a cigarrillos.
Santo Domingo.– Más de 28.3 millones de unidades de productos comercializados de manera irregular fueron incineradas este martes por autoridades dominicanas como parte de las acciones contra el contrabando, la evasión fiscal y el comercio ilícito.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) encabezaron la destrucción de 28,352,755 unidades, cuyo valor fue estimado en RD$362.7 millones.
Las mercancías habían sido retiradas de circulación durante diferentes operativos por presentar irregularidades relacionadas con contrabando, evasión de impuestos, adulteración, falsificación y ausencia de los registros requeridos para su comercialización.
La jornada de destrucción fue realizada en las instalaciones de la empresa RESICLA y forma parte de las intervenciones desarrolladas por diferentes organismos del Estado para reducir la circulación de mercancías ilegales, proteger a los consumidores y combatir la competencia desleal que afecta a los negocios formalmente establecidos.
El director del Ceccom, general de brigada Orlando Jerez Espaillat, informó que esta nueva incineración se realizó 88 días después de una operación similar en la que fueron destruidos alrededor de 19 millones de artículos.
Más de RD$1,000 millones en mercancías irregulares durante 2026
Las cifras acumuladas entre enero y septiembre de este año reflejan que las autoridades han identificado 63,864,856 unidades de mercancías irregulares, con un valor estimado en RD$1,030 millones.
Jerez Espaillat explicó que el impacto del comercio ilícito no se limita a la circulación de productos fuera de las normas establecidas, debido a que también representa ingresos que el Estado deja de percibir por concepto de impuestos.
A esto se suma el efecto sobre las empresas y comerciantes que operan dentro de la formalidad y deben competir con mercancías que ingresan o son comercializadas sin cumplir las mismas obligaciones tributarias y regulatorias.
Las autoridades consideran que la persecución de estas actividades resulta necesaria para reducir la evasión fiscal, proteger la actividad comercial formal y evitar que productos sin los controles correspondientes lleguen hasta los consumidores.
Casi 14 millones de cigarrillos fueron destruidos
Una parte importante de las mercancías incineradas correspondió a cigarrillos introducidos o comercializados de manera irregular.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, informó que cerca de 14 millones de cigarrillos formaban parte de los productos destruidos durante la jornada.
Estas mercancías habían sido interceptadas mediante operativos realizados en zonas fronterizas, puertos y diferentes puntos del territorio nacional.
Además de los cigarrillos, fueron destruidas bebidas y medicamentos que no cumplían con las disposiciones establecidas para su comercialización.
Las autoridades prestaron especial atención a los medicamentos debido al riesgo que puede representar para la salud el consumo de productos cuya procedencia, composición y condiciones de fabricación o almacenamiento no cuentan con las garantías sanitarias correspondientes.
Jerez Espaillat indicó que entre los medicamentos incautados se identificaron productos presuntamente reetiquetados y otros que habrían sido elaborados en laboratorios ilegales, sin registros sanitarios ni controles que garantizaran su seguridad.
Comercio ilícito afecta recaudación y empresas formales
El viceministro de Comercio Interno, Rainiero Olivo, sostuvo que la destrucción de estas mercancías forma parte de las acciones desarrolladas para enfrentar la competencia desleal y proteger tanto a consumidores como a productores y comercios que cumplen con las regulaciones dominicanas.
El comercio ilícito puede generar una doble afectación económica: por un lado, disminuye los recursos tributarios que deberían ingresar al Estado y, por otro, coloca a los negocios formales en desventaja frente a vendedores que operan al margen de las obligaciones fiscales y regulatorias.
En la operación participaron instituciones que forman parte de la Mesa de Ilícitos, entre ellas ProConsumidor, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Migración, la Policía Nacional y organismos militares.
El director ejecutivo de ProConsumidor, Eddy Alcántara, llamó a mantener las acciones de persecución contra estas prácticas y destacó la necesidad de orientar a los ciudadanos sobre los riesgos de adquirir mercancías comercializadas fuera de los canales legales.
Contrabando también golpea la industria nacional
El director del Instituto del Tabaco (Intabaco), Iván Hernández, advirtió que el contrabando de cigarrillos genera consecuencias que alcanzan tanto al Estado como a los consumidores y a la industria tabacalera dominicana.
Hernández señaló que este sector genera más de 40,000 empleos directos, por lo que la entrada y comercialización irregular de cigarrillos representa una competencia para las empresas que producen y comercializan sus productos cumpliendo con las disposiciones nacionales.
También destacó la coordinación entre instituciones dominicanas y organismos internacionales para enfrentar el contrabando de productos vinculados a sectores de importancia para la economía nacional.
Por su parte, Raúl de León, representante de Philip Morris, señaló la importancia de fortalecer la información dirigida a los consumidores, debido a que algunas mercancías ilegales pueden utilizar marcas o presentaciones que aparentan corresponder a productos originales.
Las autoridades reiteraron que las intervenciones contra el comercio ilícito buscan reducir la evasión fiscal, proteger la salud y seguridad de los consumidores y garantizar condiciones de competencia más equilibradas para las empresas que operan dentro del marco legal.
