El portavoz de Exteriores de Pekín condena las sanciones unilaterales y el uso del sistema legal como mecanismo de presión; La Habana califica la medida judicial de Washington como una nueva agresión hostil
El Gobierno de la República Popular China instó formalmente a los Estados Unidos a frenar la utilización de mecanismos y prerrogativas legales como herramientas de persecución política internacional contra Cuba. El pronunciamiento de Pekín se produce tras conocerse la acusación formal formulada por la justicia estadounidense contra el expresidente cubano Raúl Castro, responsabilizándolo por el derribo de dos avionetas civiles en el año 1996.
A través de un encuentro oficial con medios de comunicación, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, fijó la posición de su Gobierno, manifestando una férrea oposición frente a la imposición de penalizaciones financieras o administrativas que carezcan de sustento en los tratados del derecho internacional. El funcionario catalogó de abusivos los procedimientos judiciales transfronterizos empleados de forma externa para socavar la estabilidad institucional de la nación antillana.
Rechazo a la injerencia extranjera
El vocero del gigante asiático urgió al Gobierno de Washington a reconducir sus políticas de diplomacia hemisférica y abandonar los esquemas de coerción y amagos de uso de fuerza en la región del Caribe.
“Estados Unidos debe dejar de blandir el garrote de las sanciones y el garrote judicial y dejar de recurrir a amenazas de uso de la fuerza”, declaró Guo Jiakun de manera categórica durante la rueda de prensa oficial.
El diplomático ratificó que Pekín mantendrá un respaldo firme y constante a las autoridades de La Habana en la preservación de su soberanía estatal, su autodeterminación política y su dignidad como Estado soberano.
Contexto judicial y tensiones regionales
La enérgica respuesta internacional por parte del Gobierno chino fue motivada por el anuncio público emitido por el fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche, quien señaló que espera que Castro, de 94 años, comparezca en territorio norteamericano para responder por los cargos penales relacionados con las aeronaves de la organización civil de exiliados Hermanos al Rescate. Por su parte, la Cancillería de La Habana desestimó de inmediato la imputación penal, tachándola de maniobra difamatoria y de ser un reflejo del histórico matiz hostil mantenido por el Departamento de Estado norteamericano.
Analistas internacionales apuntan que la acción judicial contra Raúl Castro —quien cesó en sus funciones presidenciales en 2019— representa un eslabón adicional dentro de una escalada de presiones regionales impulsadas por Washington. Esta campaña geopolítica se ha visto robustecida tras el arresto e internamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, conllevando además bloqueos navales a cargamentos de crudo que han profundizado la crisis humanitaria y el déficit del suministro de energía dentro de Cuba.
