El tribunal rechazó la solicitud de variar la medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara, imputado por presuntamente exigir dinero y otros bienes a una persona bajo investigación.
Santo Domingo.– La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien enfrenta un proceso judicial por presuntamente solicitar y recibir un soborno de US$10,000 durante una entrega controlada coordinada por el Ministerio Público.
La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, luego de que el Ministerio Público solicitara mantener al imputado en prisión al considerar que no han variado las circunstancias que justificaron la imposición de esa medida.
La jueza de la Instrucción Especial, Nancy María Joaquín Guzmán, acogió la petición del órgano acusador, rechazó el pedimento de la defensa para sustituir la prisión preventiva y fijó una nueva revisión de la medida para el próximo 3 de septiembre.
En representación del Ministerio Público participaron en la audiencia el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.
Acusación por presunto soborno
De acuerdo con la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente US$200,000 a una persona que estaba siendo investigada, monto que posteriormente redujo a US$150,000 durante las negociaciones.
El expediente también establece que el fiscal habría solicitado como parte de la supuesta negociación un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz, además del dinero en efectivo.
Las autoridades sostienen que el imputado recibió US$10,000 como parte de una entrega controlada, hecho que dio origen al proceso penal en su contra.
Por estos hechos, el Ministerio Público le atribuye violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Cumple prisión desde mayo
Valdez Alcántara permanece privado de libertad desde el pasado mes de mayo, cuando una jueza del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva.
En esa ocasión, el tribunal rechazó varios incidentes planteados por la defensa, incluida una solicitud de nulidad del proceso, y ordenó que el imputado cumpliera la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
