Santo Domingo, 1 de abril de 2025 – Durante el mes de marzo, se reportaron 1,918 accidentes viales en el país, resultando en la trágica pérdida de 254 vidas. De estos, un alarmante 75.2 % de las víctimas mortales fueron motociclistas. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, hizo un llamado urgente a la población para tomar conciencia y evitar más tragedias en el marco de la creciente crisis de seguridad vial que afecta al país.
Raful ofreció estos detalles al finalizar la reunión del pasado lunes de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader. Durante el encuentro, la funcionaria anunció que se incrementará el número de agentes en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para reforzar la vigilancia en las calles y optimizar la fiscalización.
Además de la reestructuración en la Digesett, la ministra subrayó que continuarán las campañas de concienciación para promover una conducción responsable.
En cuanto a los homicidios y los conflictos sociales, Raful indicó que la tasa acumulada de homicidios desde enero se encuentra en 7.79 por cada 100,000 habitantes. Destacó que 18 territorios del país tienen cifras de homicidios por debajo de un dígito y cuatro zonas no han reportado ningún asesinato.
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, presentó una serie de medidas propuestas para reformar la Ley 63-17, con el fin de mejorar la seguridad vial y optimizar la prevención de accidentes en las carreteras.
Una de las principales propuestas incluye un procedimiento más riguroso para sancionar a los infractores que no paguen sus multas a tiempo, lo que podría derivar en la pérdida de la licencia de conducir mediante autorización judicial. Además, se propuso extender el plazo de prescripción de las infracciones de tránsito de 1 a 5 años, con el objetivo de garantizar que las sanciones se apliquen de manera efectiva y que los infractores no eludan su responsabilidad por el paso del tiempo.
También se busca endurecer la fiscalización del transporte de carga, con sanciones más severas para aquellos vehículos que circulen con exceso de peso o dimensiones, una de las principales causas de accidentes y daños a la infraestructura vial.
