Santo Domingo, Rep. Dominicana. 13 de febrero del 2026. – En una medida drástica que refleja la política de mano dura de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procedió al arresto de Melitón Cordero, supervisor de la DEA en la República Dominicana. La detención se vincula a una investigación federal sobre el aprovechamiento ilícito de programas de visados destinados a informantes extranjeros.
La intervención culminó con la clausura inmediata de la oficina antinarcóticos en el país caribeño. La embajadora de Estados Unidos, Leah F. Campos, fue enfática al señalar que utilizar un cargo oficial para el lucro personal constituye una “repugnante y deshonrada violación a la confianza pública”, advirtiendo además que bajo su gestión “no toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”.
Fallas en el control de informantes
El caso ha reavivado las críticas sobre la falta de fiscalización en los programas de visados para colaboradores extranjeros. Según informes del Departamento de Justicia, agencias como la DEA han perdido históricamente el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas, muchas de ellas con vínculos criminales, lo que ha sido catalogado como un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.
Postura del Estado dominicano
Ante el impacto de la noticia, el canciller dominicano, Roberto Álvarez, subrayó que el cierre de la oficina es una “investigación interna de Estados Unidos” y no tiene relación con el desempeño del gobierno local.
Cabe destacar que esta crisis administrativa ocurre en un momento de estrecha colaboración operativa, tras la reciente autorización del presidente Luis Abinader para que fuerzas estadounidenses utilicen puntos estratégicos como la Base Aérea de San Isidro en el combate regional contra el narcotráfico.
