El presidente Pedro Sánchez defiende la legalidad internacional frente a las amenazas de Donald Trump, quien anunció la suspensión total del comercio con la nación europea.
Santo Domingo, RD | Miércoles 4 de marzo de 2026.
La relación diplomática entre España y Estados Unidos ha entrado en una fase de ruptura abierta. El gobierno de Pedro Sánchez ha denegado formalmente la autorización para que las fuerzas estadounidenses utilicen las bases militares situadas en territorio español —la aérea de Morón de la Frontera y la naval de Rota— como plataforma de lanzamiento o apoyo en la ofensiva militar contra Irán. Esta decisión ha provocado una respuesta inmediata y drástica del presidente Donald Trump, quien anunció la suspensión de todo intercambio comercial con España, declarando que su país “no quiere tener nada que ver” con el socio europeo.
El epicentro del conflicto se encuentra en Andalucía, donde las bases albergan a unos 8,000 efectivos estadounidenses. Tras la negativa de Madrid, Estados Unidos ha comenzado el repliegue de activos estratégicos, trasladando una decena de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker hacia otras instalaciones militares en Europa. Estas aeronaves son piezas indispensables para la logística bélica, ya que permiten el suministro de combustible a cazas y bombarderos en misiones de larga distancia, capacidad que ahora Washington pierde en el enclave estratégico del Mediterráneo español.
Defensa de la legalidad y el Convenio de 1988
El Ejecutivo español ha fundamentado su postura en el estricto cumplimiento del Convenio Bilateral de Cooperación para la Defensa de 1988. Según el Gobierno, las operaciones actuales de EE. UU. e Israel no tienen encaje jurídico en dicho tratado ni cuentan con el aval de la comunidad internacional. Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue tajante: “No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio y para nada que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas”.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, enfatizó que la ofensiva carece de “marco de legalidad internacional” al ser una acción unilateral. El propio Sánchez reforzó esta línea en un discurso televisado sin preguntas, donde resumió su política exterior en una frase contundente: “No a la guerra”. El mandatario español añadió que “es inaceptable que algunos presidentes utilicen la niebla de la guerra para encubrir sus fracasos”, en una clara referencia a la administración Trump.
Consecuencias económicas y geopolíticas
La amenaza de Trump de romper relaciones comerciales pone en riesgo una relación histórica y mutuamente beneficiosa. Desde Madrid, la respuesta oficial ha sido que cualquier cambio en este ámbito debe realizarse “respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EE. UU.”. España se ha reivindicado como una potencia exportadora fiable para 195 países y un miembro clave de la OTAN que cumple con sus compromisos de defensa europea, a pesar de las presiones de Washington para aumentar el gasto militar al 5 % del PIB.
Analistas sugieren que, más allá de lo jurídico, Sánchez busca consolidar su perfil multilateralista y responder a una sociedad española que, de forma transversal, se opone a la participación en conflictos bélicos. Aunque España ha condenado los ataques de Irán en Medio Oriente llamando a consultas a su embajador, mantiene su postura de que el régimen “odioso” de Teherán no justifica una intervención que vulnere el derecho internacional.
