La administración estadounidense prepara una orden ejecutiva que obligaría a las instituciones financieras a requerir pasaportes o estatus legal, impactando el acceso de los inmigrantes a servicios esenciales
El Gobierno de los Estados Unidos se encuentra en el proceso de finalizar una nueva orden ejecutiva que transformaría los requisitos para acceder al sistema financiero nacional. Según informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la medida busca establecer la obligatoriedad de presentar una prueba de ciudadanía para abrir cuentas bancarias, una disposición que afectaría directamente la operatividad de millones de inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense.
Bessent argumentó que el sistema actual carece de información suficientemente clara sobre quiénes utilizan los servicios bancarios, a pesar de que las entidades ya cuentan con normativas de cumplimiento de “conozca a su cliente”. La propuesta legislativa de la administración del presidente Donald Trump busca endurecer estos controles, imponiendo limitaciones que podrían obligar a las instituciones financieras a solicitar exclusivamente el pasaporte, un documento que no es requerido bajo las normas actuales para este tipo de trámites.
Desafíos logísticos y el rol del ITIN
La posible implementación de esta orden enfrenta retos significativos en cuanto a documentación. Se estima que en EE. UU. circulan unos 183 millones de pasaportes, una cifra considerablemente menor a los 342 millones de personas censadas en el país. Hasta el momento, las regulaciones federales permiten que los bancos acepten el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) como sustituto del Seguro Social (SSN), facilitando que personas sin estatus legal, pero que cumplen con sus obligaciones fiscales ante el IRS, mantengan cuentas activas.
Actualmente, el proceso para los inmigrantes requiere la presentación de identificaciones primarias como el pasaporte de su país de origen o tarjetas de identificación consular, además de pruebas de domicilio. La nueva orden ejecutiva podría invalidar el uso de estas identificaciones secundarias y del ITIN para fines bancarios, dificultando el envío de remesas, el pago de servicios y el ahorro formal.
Impacto en la comunidad inmigrante
Analistas señalan que esta regulación funcionará como un mecanismo de disuasión para la población indocumentada, limitando su capacidad de integración económica en ciudades como Nueva York o New Haven, donde las identificaciones municipales han sido clave para el acceso a servicios. El endurecimiento de los requisitos bancarios representaría una barrera adicional en la estrategia migratoria de la actual gestión, enfocada en reducir los incentivos para la permanencia de extranjeros sin estatus legal en el país.
