El pastor cuestionó el seguimiento de las autoridades a la Fundación Restaurando Vida, donde fueron encontrados 14 menores. Conani informó que el centro no estaba habilitado para operar como establecimiento residencial y que había sido intervenido anteriormente.
Santo Domingo.– El pastor Ezequiel Molina Rosario cuestionó la actuación de las autoridades en el caso de los 14 menores encontrados en la Fundación Restaurando Vida, en Haina, al considerar que una mayor supervisión estatal pudo haber evitado las condiciones detectadas en el centro.
Molina sostuvo que el Estado debía mantener seguimiento sobre la iniciativa y brindar acompañamiento para que cualquier programa dirigido a niños en situación de vulnerabilidad funcionara bajo las condiciones y controles correspondientes.
“Yo pienso que la principal culpa ahí es del Estado. Debieron tomar dominio y ayudar a ese hombre a desarrollar el programa que él tiene de beneficencia. Porque ¿desde cuándo no le hacen un chequeo?”, manifestó el religioso.
Sus declaraciones se producen mientras el Ministerio Público investiga denuncias de presuntos maltratos y otras situaciones relacionadas con el funcionamiento del centro.
Reconoce que las condiciones no eran adecuadas
Molina explicó que, según las informaciones que ha recibido, la persona responsable de la fundación habría desarrollado la iniciativa con la intención de asistir a menores vulnerables y huérfanos.
No obstante, el pastor reconoció que las condiciones en las que fueron encontrados los niños y adolescentes no eran apropiadas, al tiempo que insistió en que las autoridades debieron mantener una vigilancia más efectiva sobre el funcionamiento del lugar.
El religioso ofreció estas declaraciones durante una jornada de oración y acción de gracias celebrada en el Palacio Nacional, que reunió a representantes de diferentes iglesias.
Conani asegura que el centro no estaba habilitado
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que la Fundación Restaurando Vida no tenía la habilitación requerida para funcionar como centro residencial para menores.
De acuerdo con la institución, el establecimiento también había sido objeto de una intervención anterior, situación que ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de seguimiento aplicados posteriormente.
Mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público, los menores permanecen bajo protección de las autoridades.
Molina consideró que, además de establecer las responsabilidades individuales que correspondan, el caso debe servir para revisar los mecanismos utilizados por el Estado para supervisar, acompañar y controlar las iniciativas privadas que trabajan con niños y adolescentes vulnerables.
