La disposición establece que la totalidad de los fondos generados por servicios en el exterior sea transferida a la Cuenta Única del Tesoro, eliminando el manejo discrecional de arbitrios.
El Gobierno dominicano anunció este martes una transformación estructural en la gestión de los consulados en el extranjero, disponiendo que todos los ingresos generados por estas oficinas pasen a ser administrados directamente por el Estado. La medida, encabezada por el canciller Roberto Álvarez y detallada por el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, busca optimizar el manejo de los recursos públicos y reforzar la transparencia en una de las áreas históricamente más cuestionadas de la administración pública.

De acuerdo con las autoridades, la totalidad de los recursos percibidos por trámites como la emisión y renovación de pasaportes, actas de nacimiento, legalizaciones y servicios notariales, será transferida de manera obligatoria a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Esta decisión establece un modelo de administración basado en la integridad institucional y el control centralizado, permitiendo que el Estado disponga de mayores fondos para ampliar la cobertura de servicios y facilitar la apertura de nuevas oficinas en localidades con alta presencia de la diáspora dominicana.
Hacia una escala salarial digna y estándares internacionales
Como pilar fundamental de esta reforma, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) implementará una escala salarial formal para el personal consular. Con esta medida, las condiciones de remuneración de los cónsules y su personal de apoyo serán equiparables a las del servicio diplomático, lo que permitirá corregir distorsiones históricas donde los ingresos de estas oficinas dependían en gran medida de los arbitrios cobrados de manera discrecional. El objetivo es garantizar una remuneración justa y profesional, desligada del volumen de trámites realizados.
Esta reorganización se inscribe en el marco del proyecto estratégico “RD Meta 2036”, que tiene como meta duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) del país en la próxima década. Asimismo, la reforma responde a los requisitos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo al que República Dominicana aspira adherirse y que exige estándares elevados de gobernanza pública, transparencia y gestión eficiente de los recursos estatales.
Fin a las irregularidades y profesionalización del servicio
Históricamente, diversas sedes consulares dominicanas han estado envueltas en controversias relacionadas con irregularidades financieras, deudas acumuladas y cobros indebidos por visados. Casos recientes en consulados de Haití, Estados Unidos, Jamaica y Europa han evidenciado fallas sistémicas en los controles que esta nueva disposición pretende erradicar definitivamente. La implementación del nuevo sistema administrativo se realizará de forma paulatina en las más de 50 oficinas consulares del país, con una fase de culminación prevista para el 1 de enero de 2027.
Con esta estructura más racional y funcional, el Gobierno dominicano busca que los consulados operen verdaderamente como una extensión de los servicios públicos nacionales en el extranjero, priorizando la asistencia al ciudadano y el impulso de iniciativas de carácter económico, como el fomento de la inversión, el comercio y el turismo hacia la República Dominicana.




