Santo Domingo, RD – Este martes la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revisará los recursos presentados por Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otros imputados en el marco del caso de corrupción conocido como Operación Cobra. La solicitud busca sustituir la prisión preventiva por medidas más ligeras.
Entre los acusados que presentan estos recursos se encuentran Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo. Seis de ellos cumplen prisión preventiva de 18 meses en el Centro Correccional Las Parras, mientras que Ledesma Ubiera permanece detenida en el Centro de Rehabilitación Najayo-Mujeres, en San Cristóbal.
El caso involucra un presunto fraude por unos RD$15 millones que afectó a SeNaSa, fondos que pertenecen a los afiliados de la institución. Según el Ministerio Público, Santiago Hazim habría liderado la estructura delictiva, mientras que los imputados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos.
La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana y será presidida por la magistrada Isis Muñoz, junto a los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez. Durante la etapa de conocimiento de la medida de coerción, tres imputados —Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella— admitieron haber entregado sobornos al entonces director de SeNaSa. Como resultado, el Ministerio Público solicitó que se les aplicaran medidas menos restrictivas, y actualmente cumplen arresto domiciliario, garantías económicas y prohibición de salida del país.
Las autoridades del Ministerio Público reiteran su compromiso de sancionar penalmente a todos los responsables del desfalco y de recuperar los recursos desviados de la ARS estatal. Asimismo, continúan con la segunda fase de la Operación Cobra (Cobra 2.0), que amplía la investigación para identificar y llevar ante la justicia a todos los involucrados en esta red de corrupción administrativa que afectó a más de siete millones de afiliados.
