Santo Domingo, Rep. Dominicana. 6 de febrero del 2026. – El Ministerio Público, bajo la dirección de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó sus conclusiones finales en el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G. El órgano acusador no solo solicitó penas de hasta dos décadas de cárcel, sino que exigió el desmantelamiento financiero total de una estructura que, según las investigaciones, defraudó al Estado dominicano durante ocho años.
Detalles de las condenas y sanciones
La fiscalía solicitó la pena máxima de 20 años de prisión para el exjefe de seguridad presidencial, Adán Cáceres Silvestre, y los altos oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y Rafael Núñez de Aza. A estas penas se suman multas de 400 salarios mínimos.
Por su parte, la pastora Rossy Guzmán y su hijo, el cabo Tanner Flete Guzmán, enfrentan pedimentos de 15 y 10 años respectivamente. El Ministerio Público también destacó el rol del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, para quien solicitó 5 años de prisión bajo modalidad especial, reconociendo su colaboración crítica para identificar las maniobras de la red.
El entramado financiero y los bienes a decomisar
La acusación detalla que, entre 2012 y 2020, el grupo desvió fondos públicos del Cusep, Cestur y Conani, utilizando un esquema de nóminas ficticias y gastos operativos fraudulentos. Para recuperar este capital, se ha solicitado el decomiso de:
Activos Inmobiliarios de Lujo: Un total de 214 propiedades que incluyen una finca avícola en Sabana Grande de Boyá (valorada en US$3.8 millones), un complejo residencial en Colina del Oeste (US$3.5 millones), una villa en Las Terrenas y una plaza comercial de 44 locales en la Autopista Duarte (RD$92 millones).
Gestión de Beneficios: El Ministerio Público reveló que los bienes incautados ya han generado más de RD$86 millones en ingresos para el Estado dominicano por concepto de alquileres y producción agrícola durante el proceso.
Parque Vehicular y Efectivo: El decomiso de 86 vehículos de diversas gamas (deportivos, eléctricos y de carga), junto con la entrega de US$55,000 y RD$28 millones en efectivo.
Disolución de empresas y cierre de operaciones
La solicitud incluye la clausura definitiva y disolución de 18 entidades jurídicas, entre ellas la Iglesia Bautista Vida Eterna y empresas como Hacienda Kelman y R&F Agroindustrial, las cuales habrían servido como fachada para el lavado de activos.
Calendario judicial
Tras finalizar la exposición del Ministerio Público, la jueza presidenta Gisselle Méndez aplazó la audiencia para el próximo 10 de febrero. A partir de esa fecha, los abogados de los 30 imputados y las empresas señaladas presentarán sus argumentos de defensa para intentar refutar las pruebas y los pedimentos del órgano acusador.
